Petro-Perú se encuentra en el centro de una controversia significativa tras el despido de varios funcionarios clave, incluyendo a Rita López, quien lideró un proceso de reorganización patrimonial en la empresa. Este movimiento se produce en un contexto donde el país está enfocado en la segunda vuelta electoral, lo que ha desviado la atención de la situación interna de la estatal. Las decisiones tomadas por el nuevo directorio han generado preocupación entre los empleados, especialmente aquellos comprometidos con la reestructuración que busca cumplir con las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión.

El 1 de junio, se conoció que varios funcionarios, entre ellos Carlos Llerena y Cristina Fung, han recibido cartas de pre-despido, lo que indica un cambio drástico en la gestión de la empresa. La situación se complica aún más con amenazas a los gerentes de Finanzas y Cumplimiento, quienes podrían enfrentar despidos y denuncias penales si no acceden a extender el proceso de designación del nuevo corredor de seguros para el periodo 2026-2028. Este tema es crucial, ya que la contratación de seguros está intrínsecamente ligada a la reorganización de Petro-Perú y su posible fragmentación en bloques patrimoniales.

La importancia de la contratación de seguros radica en que el esquema propuesto por ProInversión representa una transformación significativa en la estructura operativa y patrimonial de Petro-Perú. En abril, la gerencia de Finanzas había iniciado el proceso para seleccionar un nuevo corredor de seguros, reemplazando a Willis Corredores de Seguros, cuyo contrato había expirado. Sin embargo, la intervención del gerente general, Gustavo Villa, y la presión de miembros del directorio han llevado a una serie de decisiones cuestionables que podrían comprometer la integridad del proceso de selección.

Las fuentes internas indican que la interferencia del nuevo presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, ha intensificado la presión sobre la gerencia de Finanzas, lo que ha resultado en la suspensión del concurso de selección de corredores de seguros. Este tipo de injerencia es inusual, dado que la gestión de seguros debería ser competencia exclusiva del gerente de Finanzas, según el Reglamento de Organización y Funciones de Petro-Perú. La situación se torna aún más compleja con la invitación a empresas vetadas, lo que podría abrir la puerta a conflictos de interés y prácticas poco éticas.

De cara al futuro, la prórroga del contrato con Willis por 60 días no resuelve la incertidumbre que rodea a la empresa. La posibilidad de un nuevo concurso con corredores cuestionados plantea serias dudas sobre la transparencia y la capacidad de Petro-Perú para manejar sus riesgos de manera efectiva. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollará esta situación, ya que cualquier irregularidad podría atraer la atención de la Contraloría y afectar la reputación de la empresa. Además, la inestabilidad en la gestión podría impactar negativamente en la percepción del mercado sobre la capacidad de Petro-Perú para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas en el futuro.