El Poder Ejecutivo de Perú ha presentado un proyecto de ley al Congreso que busca autorizar un crédito suplementario de S/ 4.160,3 millones. Este monto se destinará a entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, y también incluye la emisión de bonos soberanos por hasta S/ 1.260 millones. La propuesta tiene como objetivo financiar diversas medidas, que abarcan desde inversiones públicas hasta programas de apoyo económico y bonificaciones para docentes.

Entre los recursos propuestos, se destacan S/ 300 millones provenientes de utilidades de Fonafe y S/ 211,8 millones para financiar una bonificación extraordinaria destinada a docentes y auxiliares de educación. Además, se asignan S/ 160 millones para el bono al buen pagador del programa Impulso MyPerú y S/ 50 millones para inversiones en el Ministerio de Educación. Este crédito también contempla recursos para la ejecución del Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), lo que refleja un enfoque en el desarrollo de sectores clave para la economía peruana.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas entre economistas y especialistas, quienes cuestionan las fuentes de financiamiento y las implicancias fiscales que podría acarrear. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, ha señalado que cerca de dos tercios de los recursos se destinarían a inversiones, pero también advirtió que una parte significativa se destinaría a gastos corrientes. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país, especialmente en un contexto donde el déficit fiscal estructural se estima en 3,6% del PBI, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ha calificado la medida como irresponsable, argumentando que las cuentas fiscales ya enfrentan presiones significativas. La emisión de bonos soberanos por S/ 1.260 millones, que se realizaría fuera de los límites establecidos en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, ha sido un punto de especial preocupación. Esto podría erosionar el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas con la consolidación fiscal, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los inversores y en la estabilidad económica del país.

A medida que el Congreso debate esta propuesta, es crucial que los inversores y analistas mantengan un seguimiento cercano de las decisiones que se tomen. La aprobación de este crédito suplementario podría influir en la percepción del riesgo país y en la estabilidad de la moneda local, lo que podría tener efectos indirectos en los mercados argentinos, especialmente si se considera la interconexión económica en la región. Los próximos meses serán decisivos para observar cómo se desarrollan las finanzas públicas en Perú y qué medidas se implementan para abordar las preocupaciones fiscales que han surgido a raíz de esta propuesta.