A casi dos décadas de haber sido elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo, la calificación de Machu Picchu enfrenta un nuevo desafío. La organización New7Wonders ha emitido un comunicado alarmante dirigido a los candidatos presidenciales de Perú, en el que se señala una "cuasi parálisis político-administrativa" que pone en peligro la sostenibilidad y gestión del santuario. Esta advertencia se suma a una anterior, donde se insinuó que, de no corregirse los problemas actuales, se podría retirar la distinción a la emblemática ciudadela inca.

Jean Paul de la Fuente, director de New7Wonders, ha indicado que, aunque por el momento no hay un procedimiento formal para retirar el título de "maravilla", la situación actual es insostenible. La falta de progreso en la gestión de Machu Picchu es preocupante, especialmente en un contexto donde el país está a punto de entrar en una nueva etapa política. La organización considera que es esencial que el próximo gobierno priorice la resolución de estos problemas para evitar un mayor deterioro de la situación.

Uno de los principales problemas identificados es la fragmentación institucional en torno a Machu Picchu. Actualmente, múltiples entidades tienen competencias sobre su gestión, pero sin una coordinación clara. Esto ha llevado a una falta de acción efectiva, evidenciada en la deficiente venta de boletos y la limitada infraestructura, lo que afecta negativamente la experiencia turística. A pesar de que el turismo genera miles de millones de dólares al país, la falta de transparencia en el uso de estos recursos ha generado dudas sobre su reinversión en la ciudadela.

Los representantes del sector turístico coinciden en que la solución pasa por la creación de una entidad autónoma que gestione Machu Picchu, con un enfoque en la coordinación entre los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo. Esta entidad debería tener la capacidad de gestionar aspectos culturales, ambientales y turísticos, y estar blindada de influencias políticas. La actual Unidad de Gestión de Machu Picchu, que está bajo el Gobierno Regional del Cusco, no ha logrado mejorar la situación, lo que subraya la necesidad de un cambio estructural en la administración.

En cuanto a las soluciones a corto plazo, se ha propuesto regresar al modelo de venta de entradas virtuales, que antes de 2021 facilitaba el acceso a los turistas. Además, se sugiere la ampliación de los espacios de visita mediante la habilitación de nuevos caminos inca, lo que podría incrementar significativamente la capacidad de acogida sin aumentar la presión sobre el sitio. A largo plazo, se requiere un plan estratégico para la recuperación del pueblo de Machu Picchu, que contemple un análisis FODA y un presupuesto orientado a resultados. La falta de planificación en el crecimiento urbano del pueblo es un problema que debe abordarse urgentemente.

La percepción de desorden en la gestión de Machu Picchu ya está teniendo consecuencias. Según datos recientes, el número de visitantes internacionales a Cusco aún no ha alcanzado los niveles prepandemia, con una caída del 20% en el interés por viajar a Machu Picchu. Esto se traduce en una pérdida de ingresos significativos para la región, que podría estar dejando de recibir cerca de 300 millones de dólares anuales. La situación actual exige una respuesta rápida y efectiva para asegurar que Machu Picchu mantenga su estatus como una de las maravillas del mundo y continúe siendo un motor económico para Perú.