En la región de Ucayali, Perú, se ha encendido una alarma sobre el posible desabastecimiento de combustibles, debido a las deudas acumuladas por Petroperú con las empresas de transporte de combustibles. Esta situación fue comunicada por Héctor Velásquez, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Grifos de la provincia de Coronel Portillo, quien envió una carta a Angel Delgado Flores, director de ProInversión. La carta destaca que los proveedores de transporte han comenzado a negarse a descargar combustibles hasta que Petroperú cumpla con sus obligaciones financieras, lo que podría llevar a un quiebre de inventarios en una región donde la empresa estatal es el único proveedor de combustibles.

La deuda de Petroperú ha generado un ambiente de incertidumbre en la cadena de suministro de combustibles, especialmente en el contexto de la creciente demanda que se espera entre mayo y octubre. Durante este periodo, la necesidad de combustibles en Ucayali aumenta significativamente, lo que hace que cualquier interrupción en el suministro tenga repercusiones severas en el transporte, la producción y la economía familiar. En este sentido, el gobierno ha aprobado el Decreto de Urgencia N°003-2026, que establece medidas extraordinarias para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, incluyendo una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, ha indicado que estos recursos están destinados a restablecer la capacidad operativa de Petroperú y asegurar la compra y refinación de crudo. Sin embargo, la situación actual plantea un riesgo inmediato para la población de Ucayali y Loreto, donde el Ministro de Economía ha advertido que un incremento sostenido de precios o un desabastecimiento podría afectar gravemente a las poblaciones más vulnerables. Esto es especialmente preocupante en una región donde los costos logísticos son ya elevados y donde la dependencia de un solo proveedor puede llevar a una crisis de abastecimiento.

Las solicitudes de los propietarios de grifos incluyen que ProInversión priorice el cumplimiento de las obligaciones de Petroperú con los transportistas, así como la evaluación de la posibilidad de habilitar un tanque adicional de diésel y gasolina, dado que la autonomía en la planta de ventas de Pucallpa es inferior a dos días. La falta de acción podría llevar a un colapso en la cadena logística, afectando no solo a los grifos, sino a toda la economía de la región. La situación es crítica y requiere atención inmediata para evitar un desabastecimiento que podría tener consecuencias desastrosas para la población local.

A futuro, es crucial monitorear la implementación de las medidas establecidas por el gobierno y la respuesta de ProInversión ante las demandas de los griferos. La disponibilidad de los US$ 500 millones en las próximas semanas será un indicador clave de la capacidad de Petroperú para cumplir con sus obligaciones y mantener la continuidad del suministro. La situación en Ucayali puede ser un reflejo de problemas más amplios en la industria energética peruana, que podrían tener implicaciones para otros mercados en la región, incluyendo Argentina, donde la dependencia de combustibles importados puede verse afectada por la inestabilidad en el suministro regional.