El Congreso de Perú ha avanzado en la regulación de los alquileres turísticos temporales a través de plataformas digitales como Airbnb y Booking. A nivel de comisiones, se aprobó un dictamen que busca establecer un marco normativo específico para esta actividad, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en distritos con alta demanda turística y corporativa. Esta regulación incluye la creación de un Registro Digital del Arrendamiento Turístico (Redat), que será administrado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y que obligará a los propietarios a registrarse y cumplir con ciertos requisitos de seguridad.

El dictamen, que reúne tres proyectos de ley, tiene como objetivo formalizar el arrendamiento turístico temporal, protegiendo a los consumidores y ordenando un mercado que ha estado funcionando sin reglas claras. Se define el arrendamiento turístico como el alquiler de inmuebles por periodos menores a 90 días con fines turísticos, diferenciándolo del hospedaje tradicional. Esto podría proporcionar mayor seguridad jurídica tanto a los anfitriones como a los inquilinos, quienes actualmente operan en un entorno de incertidumbre legal.

Uno de los puntos más debatidos es si esta nueva regulación realmente introducirá derechos adicionales para los consumidores o si simplemente reafirma disposiciones ya existentes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según algunos expertos, muchos de los derechos que se proponen ya están garantizados por la legislación vigente, lo que plantea la pregunta sobre la necesidad de una nueva normativa. Sin embargo, otros en el sector argumentan que la regulación es necesaria para clarificar el marco legal y evitar interpretaciones erróneas por parte de diferentes autoridades locales.

Desde el sector de alquileres temporales, se sostiene que la regulación no generará costos significativos para los anfitriones, ya que muchos de los requisitos de seguridad ya son comunes en edificios modernos. Además, se espera que la implementación de estándares mínimos, como detectores de humo y planes de evacuación, no solo mejore la calidad del servicio, sino que también eleve la seguridad de los inquilinos. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el costo de fiscalización que implicará la nueva regulación, ya que no se ha especificado cuántos recursos se necesitarán para su implementación efectiva.

El dictamen aún no ha sido debatido en el Pleno del Congreso, lo que genera incertidumbre sobre su futura aprobación. La demora podría significar una pérdida de oportunidad para formalizar un sector que ya mueve millones de dólares y tiene un impacto considerable en el turismo y el empleo. A medida que el Congreso se prepara para discutir el proyecto, será crucial observar si se realizarán ajustes en el texto para abordar las preocupaciones planteadas por los distintos actores involucrados en el sector de alquileres temporales.