La reciente decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, junto con el ajuste de perspectiva de Standard & Poor's (S&P) de estable a negativa, intensifica la presión sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para implementar medidas de consolidación fiscal. Este recorte se produce en un contexto donde el crecimiento económico se ha mostrado débil, y las finanzas públicas del país enfrentan desafíos significativos, incluyendo un déficit fiscal que se mantiene cerca del 5% del PIB para 2025, a pesar de los esfuerzos por reducirlo.

El ajuste de S&P, realizado el 12 de mayo, reafirmó la calificación de México en BBB, pero cambió su perspectiva a negativa, citando el lento crecimiento económico y las restricciones presupuestarias como factores clave. Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se sitúan por debajo del 1%, lo que plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales. En este sentido, la SHCP ha establecido objetivos de reducción del déficit fiscal, buscando llevarlo del 5.8% del PIB en 2024 al 4.1% en 2026, y posteriormente a 3.5% en 2027, a través de recortes de gasto y un enfoque más riguroso en la recaudación de ingresos tributarios.

Sin embargo, los resultados del primer trimestre de 2026 han mostrado un déficit en los ingresos públicos, con 79,509 millones de pesos menos de lo esperado, lo que refleja una caída en los recursos petroleros y tributarios. Además, el gasto público ha superado las proyecciones en casi 252,000 millones de pesos, lo que indica que la contención del gasto es un desafío en un entorno donde la actividad económica enfrenta dificultades para crecer. La presión sobre el gasto se centra en áreas como la inversión pública, salud y educación, que son fundamentales para el crecimiento a largo plazo del país.

Las implicancias de estas calificaciones y ajustes son significativas para los inversores. Un recorte en la calificación crediticia puede llevar a un aumento en los costos de financiamiento para el gobierno y, por ende, afectar la inversión privada. La incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales podría impactar negativamente en la confianza del mercado y en la estabilidad económica del país. Además, los recortes en inversión pública pueden limitar el crecimiento económico a largo plazo, afectando la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura.

A futuro, es crucial monitorear las acciones de la SHCP y el gobierno federal en respuesta a estas presiones. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir de julio podría ser un factor determinante que influya en la dirección de las políticas fiscales y económicas. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estas dinámicas y a la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades fiscales y promuevan un crecimiento sostenible.