Moody's Investors Service ha reducido la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, reflejando preocupaciones sobre la debilidad fiscal del país y un crecimiento económico moderado. Esta rebaja se produce en un contexto donde la perspectiva de la calificación ha pasado de 'negativa' a 'estable', lo que indica que no se anticipan cambios adicionales en el corto plazo. La agencia de calificación ha señalado que la rigidez del gasto y una base de ingresos estrecha limitan la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda, especialmente en un entorno de bajo crecimiento.

La situación fiscal de México se ha deteriorado en comparación con otros países de la región que tienen calificaciones similares. Moody's ha destacado que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado las bases de la política fiscal. Esto ha llevado a un aumento de la vulnerabilidad del país a choques fiscales, con un crecimiento económico que se espera que se mantenga moderado, alcanzando solo un 2% de forma gradual en el futuro cercano.

A pesar de estos desafíos, Moody's también ha reconocido la fortaleza económica de México, que se apoya en una economía grande y diversificada y en el acceso preferencial al mercado estadounidense. Este acceso proporciona un ancla duradera para las oportunidades comerciales y de inversión. Las iniciativas del gobierno para fomentar la inversión podrían contribuir a una mejora gradual del desempeño económico en el mediano plazo, lo que es un aspecto positivo en medio de la incertidumbre actual.

Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha afirmado que el país mantiene su grado de inversión y que no se anticipan cambios adicionales en la calificación durante los próximos 18 meses. En 2025, México realizó un ajuste fiscal significativo, equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995, lo que ha permitido avanzar en la normalización del déficit sin comprometer programas sociales ni la estabilidad macroeconómica. Este ajuste es un indicativo de una conducción fiscal responsable que busca estabilizar la trayectoria de la deuda y preservar la confianza de los mercados.

A futuro, es crucial observar cómo se desarrollan las iniciativas de inversión y la implementación de reformas en el sistema de pensiones, que podrían fortalecer la base de inversionistas locales y mitigar riesgos de liquidez y refinanciamiento. Además, la reciente publicación del reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica es un paso hacia la mejora de la certidumbre institucional y la aceleración de proyectos de inversión pública y privada. Los próximos meses serán decisivos para evaluar si estas medidas logran impulsar el crecimiento económico y mejorar la calificación crediticia del país.