La inversión en obra pública en México ha alcanzado su nivel más bajo desde 2008, con un descenso del 15.6% real anual durante el primer trimestre de 2026, lo que equivale a 33,000 millones de pesos menos, totalizando 179,554 millones de pesos. Este descenso se produce en un año en el que se anticipa un auge del Plan México, diseñado para estimular el crecimiento económico y atraer inversiones tanto públicas como privadas hacia proyectos de infraestructura. Sin embargo, la realidad muestra que las expectativas no se han materializado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas hasta ahora.

El Plan México fue presentado como una solución integral para revitalizar la inversión en infraestructura, pero los empresarios continúan mostrando reticencias a invertir en el país. La falta de certeza jurídica es uno de los principales obstáculos, ya que se han reportado juicios favorables para los contribuyentes que están siendo revisados por nuevos jueces, generando incertidumbre sobre la aplicación de la ley. Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, subraya que sin un marco legal predecible y estable, la confianza de los inversionistas seguirá siendo baja.

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha publicado un acuerdo que respalda 12 acciones para facilitar la inversión, incluyendo medidas para evitar la doble tributación y simplificar procesos administrativos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún está por verse, ya que la conexión a la electricidad para nuevas plantas puede tardar hasta cinco años, lo que desalienta aún más a los inversores. La comparación con la administración anterior, que llevó a cabo proyectos de mayor envergadura, resalta la disminución en la inversión pública actual.

Las cifras revelan que el costo de la deuda pública ha superado a la inversión en infraestructura, con un monto de 305,400 millones de pesos en intereses frente a solo 125,900 millones destinados a inversión física. Esta es la brecha más amplia registrada desde marzo de 2022, lo que indica que una mayor proporción del gasto público se destina a pagar intereses en lugar de a proyectos que generen crecimiento económico. Christopher Cernichiaro, investigador de la UAM, señala que esta tendencia podría tener un impacto negativo en la producción de bienes y servicios públicos, afectando la actividad económica a corto plazo.

A medida que se avanza en el año, será crucial observar cómo se ejecutan los recursos y si las medidas adoptadas por la SHCP logran atraer inversiones. En particular, se espera que los próximos trimestres proporcionen una visión más clara sobre la efectividad del Plan México y la capacidad del gobierno para revertir la tendencia de baja inversión. La situación actual plantea un desafío significativo para la administración de Claudia Sheinbaum, que deberá demostrar que puede generar confianza y atraer capital en un entorno económico incierto.