El gobierno mexicano ha implementado un control de precios en los combustibles, manteniendo la gasolina regular en aproximadamente 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos. Esta medida busca mitigar la inflación y proteger a los consumidores de los aumentos en los precios internacionales del petróleo, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas como la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, este control ha generado efectos colaterales significativos, incluyendo un aumento en el robo de combustibles y la proliferación de mercados ilegales.

El control de precios ha desincentivado el huachicol fiscal, que se refiere a la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos. En su lugar, el robo físico de combustibles ha comenzado a ser más atractivo. Este cambio en los incentivos ha llevado a un aumento en las tomas clandestinas de ductos, que alcanzaron casi 11,300 en 2022, un fenómeno que podría repetirse si los precios siguen bajo presión. Los expertos advierten que, aunque el control de precios busca estabilizar la economía, puede estar alimentando un ciclo de criminalidad que afecta la infraestructura energética del país.

Las pérdidas para Pemex, la empresa estatal de petróleo, son alarmantes. Se estima que en 2025, las pérdidas derivadas del robo de combustibles alcanzarán los 35,000 millones de pesos. Esto refleja no solo el impacto económico directo, sino también la complejidad del problema, que incluye métodos sofisticados de extracción como los huachitúneles, que permiten el robo sin exposición directa. La situación se complica aún más por la falta de medidas efectivas de fiscalización y control, lo que permite que las redes delictivas operen con impunidad.

Para los inversores, el panorama es preocupante. La inestabilidad en el sector energético puede afectar la confianza en las acciones de Pemex y otras empresas relacionadas. Además, el aumento en los costos de los combustibles puede trasladarse a otros sectores, impactando la inflación y, por ende, las decisiones de política monetaria del Banco de México. La situación actual podría llevar a un aumento en las tasas de interés si la inflación no se controla, lo que afectaría a los mercados de deuda y a la economía en general.

A futuro, es crucial monitorear cómo el gobierno mexicano abordará esta problemática. Las decisiones sobre subsidios y controles de precios serán determinantes para el comportamiento del mercado de combustibles. Además, el impacto de las tensiones geopolíticas en los precios del petróleo seguirá siendo un factor clave. La evolución de las redes de huachicol y las medidas de seguridad implementadas por Pemex también serán aspectos a seguir de cerca, ya que podrían influir en la estabilidad del sector energético en México y, por ende, en la economía regional, incluyendo a Argentina, que depende de la estabilidad de los precios de los combustibles en su comercio con México.