En el primer trimestre de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México, liderada por Raquel Buenrostro, sancionó a 32 proveedores y contratistas por irregularidades en procesos de contratación pública. Estas sanciones incluyen multas que superan los 15 millones de pesos y la inhabilitación de empresas por hasta dos años. Sin embargo, el impacto de estas medidas es cuestionable, ya que la magnitud de las sanciones parece mínima en comparación con los grandes contratos que se manejan en el Gobierno Federal. Esto plantea la duda de si realmente se están modificando las conductas de aquellos que operan en este sector o si simplemente se está repitiendo un ciclo de irregularidades con diferentes actores.

La corrupción en las compras gubernamentales ha pasado de ser una excepción a convertirse en una constante en el discurso público. La causa más frecuente de las sanciones impuestas en este primer trimestre ha sido la presentación de información falsa durante los procesos de contratación, con 24 casos reportados. Este dato revela que las irregularidades no son meramente errores administrativos, sino decisiones deliberadas de empresas que alteran datos o presentan documentación falsa para obtener contratos. Este fenómeno sugiere que los filtros institucionales han fallado en su función de prevenir la corrupción, lo que permite que muchas empresas continúen operando en un entorno de impunidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se destaca como la dependencia con más proveedores sancionados, lo que no sorprende dado que el sector salud enfrenta una presión presupuestal significativa y una urgencia operativa que lo hace vulnerable a prácticas corruptas. La combinación de compras urgentes, grandes montos y procesos complejos ha creado un caldo de cultivo para la aparición de intermediarios que prometen más de lo que pueden cumplir. Este entorno opaco no solo afecta la calidad de los servicios, sino que también representa un riesgo para la inversión pública y la confianza en las instituciones.

A pesar de las sanciones, el número de 32 en tres meses es relativamente bajo en comparación con el universo de contrataciones públicas federales. La verdadera batalla contra la corrupción no solo consiste en castigar, sino en prevenir que estas prácticas sean rentables. La percepción de que las ganancias de las malas prácticas superan el riesgo de ser descubiertos sigue siendo un obstáculo significativo. Esto se ve agravado por la reciente propuesta de reforma judicial que busca posponer la elección de juzgadores hasta 2028, lo que ha sido identificado como un factor que frena la inversión tanto nacional como internacional, según el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

El Consejo, que agrupa a diversas cámaras y asociaciones del sector de la construcción, ha señalado que la inversión se está viendo afectada no solo por la incertidumbre en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los aranceles, sino también por el avance del crimen organizado. Sin embargo, el Consejo también ha destacado que el Plan México y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ofrecen mejores condiciones para la inversión privada en comparación con el sexenio anterior. Esto sugiere que, aunque la corrupción sigue siendo un problema, hay esfuerzos en curso para mejorar el entorno de inversión en el país.

Finalmente, México se posiciona como una potencia manufacturera en América Latina, representando el 20% del PIB de la región. Sin embargo, solo el 7.9% de esta manufactura proviene de industrias intensivas en propiedad intelectual, lo que indica una falta de innovación. La dependencia de tecnología y patentes extranjeras, principalmente de Asia, plantea un desafío para el futuro del país. La Secretaría de Economía está trabajando en fortalecer la propiedad intelectual, lo que podría ser clave para transformar el modelo de ensamblaje en uno más innovador. A medida que se avanza en esta dirección, será fundamental monitorear el impacto de estas políticas en la inversión y el crecimiento económico en los próximos meses.