El candidato presidencial Roberto Sánchez ha propuesto elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.500, lo que representa un incremento del 33%. Este ajuste se plantea en un contexto donde la inflación acumulada desde el último ajuste es de aproximadamente 5,4%. La propuesta ha reavivado el debate sobre los criterios que deben sustentar un aumento salarial y su impacto en el mercado laboral, que en Perú enfrenta una alta informalidad, con más del 70% de los trabajadores en esta situación.

Expertos como Jorge Toyama y Rafael Zacnich han expresado su preocupación por las consecuencias de un aumento tan significativo. Toyama señala que un incremento de esta magnitud no tiene precedentes en las últimas tres décadas, comparándolo con los ajustes durante la inflación galopante de los años 80. Además, argumenta que la canasta básica familiar, utilizada como referencia para justificar el aumento, no es adecuada, ya que considera los ingresos de un hogar completo y no de un individuo. Por su parte, Zacnich enfatiza que cualquier propuesta de este tipo debe estar respaldada por un análisis técnico que contemple la productividad y la capacidad de pago de las empresas.

El impacto de un aumento del sueldo mínimo podría ser especialmente severo para las micro y pequeñas empresas, que son las que más empleados tienen en la franja de ingresos cercanos al mínimo vital. Toyama advierte que esto podría llevar a despidos masivos en estos sectores, exacerbando la brecha entre trabajadores formales e informales. La estructura laboral en Perú es distinta a la de otros países de la región, con altos costos de contratación que superan el promedio latinoamericano, lo que podría dificultar aún más la implementación de un aumento salarial significativo.

El sector agroexportador también podría verse afectado, ya que enfrenta un “bono beta” que incrementaría el costo total de empleo en más de S/480 por trabajador. Aunque el sector ha mantenido resultados positivos gracias a mejores precios internacionales, los márgenes de ganancia ya están bajo presión. Un aumento en la RMV podría llevar a una pérdida de competitividad, especialmente si los precios comienzan a regularse a la baja.

Más allá de la cifra específica, tanto Toyama como Zacnich coinciden en que el verdadero problema radica en la falta de un marco metodológico claro y predecible para ajustar la RMV. La discusión sobre el salario mínimo no debería centrarse solo en el monto, sino en cómo mejorar la productividad y la formalidad laboral en el país. Un incremento razonable, según Toyama, debería estar más cerca de un ajuste del 5%, llevando la RMV a S/1.200, en lugar de la propuesta de S/1.500. Este debate es crucial para el futuro del mercado laboral peruano y su competitividad en el contexto regional.