Desde el inicio de la pandemia, el sistema de pensiones en Perú ha enfrentado una serie de desafíos significativos, especialmente tras la aprobación de múltiples retiros de fondos de las AFP. Recientemente, se ha dado a conocer que aproximadamente 1.5 millones de afiliados no podrán acceder a una pensión mínima tras realizar retiros que han debilitado sus ahorros. Este fenómeno se ha intensificado con el octavo retiro de fondos, que permitió la salida de S/ 24,000 millones, sumándose a los S/ 115,000 millones ya retirados en los siete procesos anteriores. Como resultado, se estima que cerca de ocho millones de afiliados, de un total de diez millones, tienen menos de una UIT (S/ 5,500) en sus cuentas de AFP, lo que plantea serias preocupaciones sobre su futuro financiero.

El contexto de estos retiros se remonta a decisiones políticas que han priorizado el acceso inmediato a los ahorros de pensiones sobre la estabilidad a largo plazo del sistema. La Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, promulgada en septiembre de 2024, busca integrar los sistemas de pensiones nacional y privado, pero las implicancias de los retiros previos han dejado a muchos afiliados sin la posibilidad de acceder a una pensión mínima de S/ 600. Esto se debe a que, para calificar, los afiliados deben contar con 240 meses de aportes efectivos, y aquellos que han retirado sus fondos no podrán cumplir con este requisito.

Además, el director de inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier, ha señalado que la situación es alarmante, ya que muchos afiliados que han retirado sus fondos se están quedando sin un colchón financiero para su vejez. Con la opción de retirar hasta el 95.5% de sus fondos acumulados, muchos podrían verse tentados a utilizar este dinero para inversiones inmediatas, como la compra de viviendas, sin considerar que los montos disponibles serán insuficientes para asegurar una jubilación digna. Esto podría llevar a un aumento en la pobreza entre los jubilados en el futuro, un problema que ya se está manifestando en la sociedad peruana.

Las proyecciones indican que, si se aprueban nuevas propuestas de retiro, se podrían retirar entre S/ 20,000 millones y S/ 25,000 millones adicionales, lo que agravaría aún más la situación. La contracción del fondo de pensiones administrado por las AFP, que ha disminuido de S/ 175,000 millones en 2019 a S/ 117,000 millones en la actualidad, pone en riesgo no solo la seguridad social de los trabajadores, sino también la capacidad del mercado de capitales local para financiar proyectos empresariales importantes. Esto podría tener repercusiones en la economía en general, afectando el crecimiento y la inversión en el país.

De cara al futuro, es crucial que los afiliados reconsideren sus decisiones de retiro y busquen alternativas que les permitan mantener sus ahorros para la jubilación. Además, el gobierno y el Congreso deben abordar la situación con seriedad, evitando más retiros que solo profundicen la crisis. La reforma del sistema previsional, aunque es un paso en la dirección correcta, necesita ser complementada con políticas que protejan a los afiliados y fortalezcan el sistema en su conjunto. La situación actual es un llamado a la acción para todos los involucrados en la gestión de pensiones en Perú, y el tiempo para actuar es ahora.