Recientemente, un grupo de entidades rurales y productores argentinos ha expresado su fuerte rechazo a la inscripción en el registro Visec Carne, que será obligatorio para aquellos que deseen participar en la exportación de carne a la Unión Europea (UE). Esta reacción se produce tras el anuncio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que junto con el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, financió la plataforma. La inscripción en este registro es un requisito impuesto por la UE, que comenzará a aplicarse a partir de 2027, y busca garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos importados desde Argentina.

El reglamento 1115 de la UE, que limita el ingreso de productos como carne y soja desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, es el núcleo de la controversia. Los productores argumentan que este reglamento afecta principalmente a los importadores europeos y no a ellos, y que la información requerida ya está en manos del Estado. En su comunicado, los productores enfatizan que no es aceptable que la responsabilidad de cumplir con este reglamento recaiga sobre estructuras privadas como el Ipcva, que han sido financiadas con recursos de los propios productores.

La preocupación principal de los productores radica en la necesidad de asegurar la trazabilidad de los animales, un requisito que la UE exigirá para autorizar la importación de carne. Para que un frigorífico pueda exportar a Europa, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo. Sin embargo, si los productores no se registran en el sistema, la información necesaria para garantizar esta trazabilidad no podrá integrarse adecuadamente. Esto podría poner en riesgo las exportaciones de carne argentina, un sector clave para la economía del país.

El Ipcva ha recordado que los productores deben registrarse en Visec Carne antes de junio, y aunque la inscripción no tiene costo, el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos será financiado solo hasta esa fecha. Después de junio, los productores que no se hayan inscrito deberán asumir el costo del análisis, lo que podría representar una carga adicional para aquellos que ya enfrentan desafíos económicos. La urgencia de la situación se ve reflejada en la necesidad de que los productores se adapten a los nuevos requisitos europeos, que buscan una mayor transparencia y sostenibilidad en la producción de alimentos.

A medida que se acerca la fecha límite de junio, los productores y entidades rurales están presionando para que se establezcan mecanismos públicos y transparentes que no excluyan a los pequeños productores. La situación es crítica, ya que el cumplimiento de los nuevos requisitos europeos no solo afectará a los productores, sino también a la economía argentina en su conjunto, dado que la carne es uno de los principales productos de exportación del país. Los próximos meses serán decisivos para determinar cómo se implementarán estos cambios y qué impacto tendrán en el sector ganadero argentino.