La situación judicial de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Argentina, se complica aún más con la reciente revelación de que realizó movimientos de fondos a través de criptomonedas durante 2024, periodo en el que aún se desempeñaba como vocero presidencial. Esta nueva información se suma a las sospechas existentes sobre enriquecimiento ilícito, que incluyen la compra de propiedades y pagos en efectivo por remodelaciones. La Justicia ha detectado que estos movimientos no fueron informados en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), lo que podría agravar su situación legal.

La investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, ha puesto el foco en las inconsistencias patrimoniales de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. A partir del levantamiento del secreto bancario y fiscal, se han comenzado a analizar operaciones con activos digitales, lo que ha llevado a solicitar informes detallados a diversas plataformas de criptomonedas, incluyendo Binance y Ripio. Estos movimientos en criptoactivos han sido considerados clave para entender la magnitud del patrimonio de Adorni y su capacidad para justificar sus gastos, que superan los USD 349.000 en poco más de un año.

El eje central de la investigación radica en determinar si los ingresos de Adorni como funcionario público pueden explicar su patrimonio y gastos detectados. En su declaración jurada, Adorni reportó una hipoteca privada de USD 100.000 y otros USD 20.000 para la compra de una casa en el country Indio Cuá. Sin embargo, la fiscalía ha encontrado que muchos de los fondos movilizados carecen de respaldo financiero formal, lo que podría indicar un origen ilícito. La falta de documentación que justifique el origen de las divisas y el destino del dinero es un punto crítico en el expediente.

Desde el levantamiento del secreto bancario, la atención se ha centrado en las operaciones de criptomonedas, un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En Argentina, el uso de criptomonedas ha aumentado, especialmente entre aquellos que buscan proteger sus ahorros de la inflación y la devaluación del peso. Sin embargo, la falta de regulación y la opacidad en las transacciones pueden facilitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. La situación de Adorni podría ser un caso emblemático que ponga de relieve la necesidad de una mayor regulación en el sector cripto en el país.

A medida que avanza la investigación, se espera que la fiscalía reciba más documentación de billeteras y agentes del sistema cripto, lo que podría consolidar la cifra total operada por Adorni. La declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, que se espera sea publicada a mediados de 2025, podría ofrecer más claridad sobre su situación financiera. Mientras tanto, la presión sobre Adorni aumenta, y el desenlace de este caso podría tener implicancias significativas tanto para su carrera política como para la percepción pública sobre la transparencia en la gestión de funcionarios públicos en Argentina.