El deterioro de la institucionalidad en Perú ha comenzado a tener un impacto significativo en las decisiones de inversión y acceso al financiamiento, según expertos que participaron en el foro "¿Y si el Perú se nos va de las manos?". La presidenta de Capitalismo Consciente Perú, María Cecilia Villegas, destacó que la pérdida de confianza en las reglas del juego está afectando directamente la actividad económica. En un entorno donde la incertidumbre prevalece, se observa una desaceleración en la inversión, un aumento en los costos de financiamiento y un crecimiento de la informalidad en el mercado laboral.

María Pía Palacios, vicepresidenta de la misma organización, subrayó que el deterioro institucional ha llevado a un cambio en la lógica empresarial. En tiempos de crisis, las empresas tienden a priorizar la tenencia de activos sobre la inversión en nuevos proyectos, lo que refleja una mayor cautela del sector privado. Este cambio de comportamiento puede resultar en una menor innovación y un estancamiento en el crecimiento económico, ya que las empresas se vuelven reacias a asumir riesgos en un clima de inestabilidad.

Además, Villegas alertó sobre el impacto de las economías ilegales en los mercados formales. Actividades como la minería ilegal no solo operan al margen del sistema, sino que se integran en circuitos formales, lo que distorsiona la competencia y debilita aún más la institucionalidad. La exportación de oro ilegal a través de traders formales es un ejemplo de cómo estas prácticas afectan la economía, generando un entorno menos competitivo y más riesgoso para los inversores.

Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq, mencionó que la fragmentación en el comportamiento electoral del país complica la construcción de consensos y la previsibilidad en la política económica. Este fenómeno se traduce en un debate público que se basa en percepciones alejadas de la realidad, lo que dificulta la toma de decisiones informadas. La falta de un marco institucional sólido puede llevar a una mayor volatilidad en los mercados y a un aumento en la prima de riesgo para los inversores.

Por último, la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, criticó la ineficiencia en la ejecución de proyectos públicos, citando el caso del gasoducto del sur como un ejemplo de un "elefante blanco" que ha costado entre 350 y 400 millones de dólares sin haber generado los beneficios esperados. La debilidad del Estado en la provisión de servicios básicos, que solo alcanza al 47% de la población, limita el desarrollo económico y afecta la productividad. Estos factores crean un entorno menos favorable para la inversión y el crecimiento, a pesar de que la estabilidad macroeconómica del país aún persiste.

La situación en Perú es un recordatorio de que, aunque existan indicadores macroeconómicos positivos, los riesgos estructurales pueden afectar la confianza de los inversores. A medida que se desarrollan estos eventos, será crucial observar cómo las empresas y los inversores responden a la creciente incertidumbre y a la falta de confianza en las instituciones.

En el horizonte, los inversores deben estar atentos a la evolución de las políticas públicas y a la capacidad del gobierno para restaurar la confianza en el sistema. Las elecciones y la dinámica política en el país podrían influir en la dirección futura de la economía peruana y, por ende, en las decisiones de inversión en la región.