En un contexto de ajuste fiscal, la economía argentina enfrenta un nuevo desafío con el aumento significativo de la deuda flotante, que ha crecido casi $2 billones en un solo mes, alcanzando un total de $4 billones. Este incremento ha generado preocupación entre los inversores, ya que podría poner en riesgo el superávit fiscal del país. La deuda flotante se refiere a los gastos comprometidos por el Ministerio de Economía que han sido postergados para evitar una crisis en los registros fiscales, lo que indica una posible falta de liquidez en el corto plazo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ha mostrado resultados alarmantes, con una caída del 2,6% en febrero en comparación con el mes anterior, marcando la mayor contracción desde abril de 2020. Este retroceso se suma a un descenso acumulado del 2,2% en el primer bimestre del año, lo que sugiere un inicio de 2026 muy débil para la economía argentina. La heterogeneidad de la crisis es notable, ya que mientras las actividades intensivas en capital crecen, sectores con alta demanda de mano de obra, como la construcción y la industria manufacturera, están en caída libre, con descensos del 22,4% y 8,8% respectivamente desde diciembre de 2023.

La caída en la recaudación impositiva, que ha sido constante durante ocho meses, está comenzando a cuestionar la sostenibilidad del superávit fiscal. En marzo, el superávit del Sector Público Nacional No Financiero fue de $0,93 billones, pero este resultado podría estar ocultando un ajuste postergado, ya que el superávit de la Administración Central solo representó el 42% de ese total. La creciente deuda flotante está generando dudas sobre la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio fiscal, lo que podría llevar a un ajuste más severo en el futuro.

El ministro de Economía, Caputo, ha solicitado a todos los funcionarios que implementen recortes en los gastos, lo que indica que el gobierno está tomando medidas para controlar la situación. Sin embargo, la economía real sigue mostrando signos de debilidad, con caídas en sectores clave que afectan directamente la estrategia fiscal del gobierno. La situación actual plantea un desafío significativo para la administración, que debe equilibrar la necesidad de recortes con el riesgo de profundizar la recesión.

En el horizonte, los inversores deben estar atentos a los próximos informes económicos y a las decisiones del gobierno en cuanto a la gestión de la deuda flotante y los gastos. La recaudación impositiva y la actividad económica serán indicadores clave para evaluar la salud fiscal del país en los próximos meses. Si no se observa un rebote claro en la actividad económica, el esquema financiero actual podría enfrentar serios desafíos, lo que obligaría al gobierno a tomar decisiones difíciles para evitar una crisis mayor.