El debate sobre el costo fiscal de la megarreforma propuesta por el gobierno del Presidente Kast ha cobrado relevancia en el Congreso chileno. Según el informe financiero que acompaña el proyecto, el costo fiscal alcanzará un pico de 0,71% del PIB al cuarto año de vigencia, equivalente a aproximadamente 3.215 millones de dólares. Este costo se proyecta para el año 2029, que coincide con el final del actual mandato presidencial. A pesar de la magnitud del costo, el gobierno sostiene que se espera una compensación a través de un aumento en la recaudación fiscal derivado del crecimiento económico impulsado por las rebajas impositivas a las grandes empresas.

El informe detalla que, para el mismo año en que se alcanzará el pico del costo fiscal, se espera que las medidas de reducción de impuestos generen una recaudación adicional de 0,30% del PIB, lo que se traduce en unos 1.800 millones de dólares. Esto implica que el 57% del costo fiscal podría ser compensado por el crecimiento económico, mientras que el resto deberá ser cubierto por ajustes fiscales adicionales que el gobierno se ha comprometido a implementar. Sin embargo, expertos económicos han expresado dudas sobre la viabilidad de estas proyecciones, señalando que el crecimiento necesario para compensar el costo fiscal podría ser difícil de alcanzar.

El análisis del informe financiero también revela que, en el año 6 de la ley, las ganancias generadas por el crecimiento podrían compensar casi en su totalidad el costo de la reforma, dejando un saldo negativo de solo 0,08% del PIB. Se proyecta que, para el año 10, la recaudación superaría los costos, alcanzando un saldo positivo de 0,26% del PIB. Sin embargo, la incertidumbre sobre el crecimiento económico a largo plazo plantea riesgos significativos. Expertos como Patricio Jaramillo de PwC han advertido que, en el corto y mediano plazo, el efecto de la reforma podría ser contractivo sobre los ingresos fiscales, aumentando el déficit fiscal en los primeros años.

Las medidas más relevantes de la reforma incluyen la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, que inicialmente generará una pérdida de ingresos de 0,16% del PIB, equivalente a 660 millones de dólares. A medida que la reforma avanza, se espera que esta pérdida aumente a 1.650 millones de dólares en el cuarto año. Además, se implementará un crédito tributario al empleo que restará 0,35% del PIB al cuarto año, lo que representa 1.500 millones de dólares. Estas medidas han sido objeto de críticas, ya que se argumenta que podrían no generar el crecimiento esperado para compensar las pérdidas fiscales.

A futuro, el gobierno deberá demostrar que los recortes de gasto anunciados se llevarán a cabo de manera efectiva para asegurar la sostenibilidad fiscal. La presión sobre las cuentas fiscales será significativa durante el actual período de gobierno, donde ya se están realizando esfuerzos de ajuste fiscal. La situación fiscal de Chile es un tema de interés no solo para los chilenos, sino también para los inversores en la región, ya que un deterioro en las cuentas fiscales podría tener repercusiones en la percepción de riesgo de los activos chilenos en los mercados internacionales. En este sentido, será crucial monitorear la evolución de la recaudación fiscal y el crecimiento económico en los próximos años, especialmente a partir de 2029, cuando se espera que se materialicen los efectos positivos de la reforma.