El reciente anuncio del presidente chileno José Antonio Kast sobre su plan de "Reconstrucción Nacional" ha generado un fuerte impacto en la economía del país. En su discurso, Kast omitió mencionar la realidad que enfrentan miles de familias chilenas, quienes están lidiando con un aumento significativo en los precios de los combustibles. La gasolina ha experimentado un incremento de aproximadamente 35%, mientras que el diésel ha subido cerca del 60%. Este aumento no es solo un problema aislado, ya que el diésel es responsable de mover alrededor del 98% de los bienes en Chile, lo que implica que el costo de vida se encarece de manera generalizada.

Las proyecciones indican que el alza en los combustibles podría traducirse en un aumento en los precios de los alimentos de entre 5% y 10%, así como un incremento en el transporte interurbano de hasta un 40%. Además, la presión inflacionaria podría extenderse hasta 2027, con la Unidad de Fomento (UF) acercándose a los $40.000, lo que afectaría arriendos, dividendos y colegiaturas. Este contexto de crisis económica contrasta con la propuesta de rebaja tributaria para los sectores más ricos, que se presenta como una respuesta a la emergencia.

El plan del gobierno incluye medidas que, en lugar de aliviar la carga fiscal de la ciudadanía, favorecen a los grandes grupos económicos. La reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la exención de contribuciones implican una disminución en la recaudación de aproximadamente US$ 2.992 millones, lo que equivale a un 0,8% del PIB. De esta cifra, US$ 1.858 millones provienen de la reducción del impuesto a las grandes empresas, lo que plantea serias interrogantes sobre la equidad fiscal en un momento de crisis.

La concentración de beneficios es alarmante: solo el 1,9% de las empresas se beneficiará de estas medidas, pero estas concentran el 88,9% de las ventas del país. En términos de personas, el 1% de mayores ingresos capturará cerca del 79% del beneficio, mientras que la mitad más pobre solo recibirá un 6%. Este tipo de políticas no solo afectan la distribución de ingresos, sino que también comprometen el funcionamiento democrático, al limitar la capacidad del Estado para modificar impuestos en función del interés general.

En este contexto, es crucial que los inversores y analistas sigan de cerca la evolución de la inflación y los precios de los combustibles, así como la respuesta de la ciudadanía a estas políticas. La presión sobre los hogares es tangible y podría generar un descontento social que impacte en la estabilidad política del país. Además, la implementación de estas medidas tributarias podría tener repercusiones en la inversión extranjera y en la confianza del mercado, lo que es fundamental para la recuperación económica de Chile en el futuro cercano.