La gratuidad en la educación superior en Chile, implementada hace una década, ha beneficiado a cerca de 1,5 millones de estudiantes. Sin embargo, este sistema ha generado controversias debido a su alto costo fiscal, que actualmente asciende a aproximadamente US$ 2 mil millones anuales. Este gasto representa más de la mitad del presupuesto destinado a educación superior y más del 12% del total del presupuesto educativo del país, lo que plantea serias dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

El debate sobre la gratuidad ha cobrado fuerza recientemente, especialmente tras la propuesta del gobierno de restringir este beneficio a personas mayores de 30 años, salvo en el caso de carreras técnicas. Esta medida fue rápidamente cuestionada, incluso por sectores oficialistas, lo que llevó al gobierno a retractarse. La situación refleja la complejidad de realizar cambios en políticas públicas que han sido ampliamente aceptadas, pero que también enfrentan críticas por su falta de viabilidad financiera.

Desde su implementación, la gratuidad ha sido vista como un derecho social universal, lo que ha llevado al Estado a asumir un rol central en el financiamiento de las instituciones educativas. Sin embargo, este enfoque ha generado tensiones, ya que muchas universidades, especialmente las más antiguas y acreditadas, han señalado que los aranceles regulados no cubren los costos reales de las carreras. Un informe reciente indica que el 75% de los programas de pregrado bajo este sistema tienen aranceles regulados inferiores a los costos reales, lo que ha resultado en déficits significativos para las instituciones.

Las implicancias de continuar con la gratuidad en su forma actual son preocupantes. La falta de ajuste en los aranceles y la creciente presión fiscal podrían llevar a una crisis en el sistema de educación superior. La estimación del Ministerio de Educación indica que los costos de la gratuidad han superado en un 177% las proyecciones iniciales, lo que sugiere que el modelo actual es insostenible. Los déficits acumulados han costado a las universidades alrededor de US$ 780 millones, lo que plantea la necesidad urgente de revisar la estructura de financiamiento.

Mirando hacia el futuro, el país debe replantear sus prioridades en educación. La propuesta del Ministerio de Educación de mantener la cobertura actual del 60% para los estudiantes de menores ingresos y de considerar la expansión de la gratuidad con cautela es un paso en la dirección correcta. Además, se debería explorar la posibilidad de fortalecer los sistemas de créditos y becas, que han demostrado ser efectivos en el pasado para ampliar el acceso a la educación superior. La discusión sobre la sostenibilidad de la gratuidad y su posible expansión a otros deciles debe ser parte de un debate más amplio sobre la educación en Chile, que no debe postergarse más.