María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, intentó retirar en efectivo cerca de $10.000 millones de su cuenta en el banco Coinag de Rosario. Este intento ha suscitado una gran preocupación dentro de la entidad financiera, que decidió cerrar las cuentas de Sartirana y presentar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La magnitud de la operación, que involucraba una suma tan elevada, obligó al banco a actuar con cautela, dado el contexto de sospechas sobre el manejo de fondos en la AFA.

Sartirana había constituido al menos 13 plazos fijos en pesos y dólares, con fondos provenientes de diversas pequeñas y medianas empresas de Santiago del Estero. Estas empresas, a pesar de su bajo perfil, habrían facturado montos significativos a la AFA por servicios que no son típicos en el ámbito deportivo, como la venta de vinos y productos de cotillón. Este hecho ha llevado a las autoridades a cuestionar la legitimidad de las transacciones y el origen de los fondos, lo que ha aumentado la atención sobre la gestión de Toviggino y su entorno.

El banco Coinag se negó a entregar la suma solicitada en efectivo, argumentando que una operación de tal magnitud requería un procedimiento formal que incluyera la intervención de un escribano y un acta notarial. Este proceso es esencial para dejar un registro oficial del retiro, algo que no se llevó a cabo. En cambio, Coinag ofreció transferir los fondos a cuentas de igual titularidad en otra entidad bancaria, lo que finalmente se concretó con una transferencia a Credicoop, un banco vinculado a Carlos Heller, un político cercano al oficialismo.

El hecho de que Sartirana, además de su trabajo en la AFA, perciba un salario superior a los $2 millones mensuales, ha generado más interrogantes sobre la naturaleza de sus depósitos. La situación se complica aún más con la reciente denuncia de un fiscal de Santiago del Estero que solicitó la detención de Toviggino y de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por presunto lavado de dinero. Este contexto no solo afecta a los involucrados, sino que también puede tener repercusiones en la percepción del sistema financiero argentino, que ya enfrenta desafíos significativos.

Desde la perspectiva de los inversores, el intento de retirar una suma tan elevada en efectivo podría ser un indicador de la falta de confianza en el sistema bancario. La necesidad de movilizar $10.000 millones en efectivo implica una logística compleja, que incluye camiones de caudales y personal de seguridad, lo que añade un nivel de riesgo considerable. Este tipo de operaciones puede generar un efecto dominó en la confianza de los depositantes, lo que podría llevar a un aumento en la demanda de retiros en efectivo en otras entidades, afectando la liquidez del sistema.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las investigaciones sobre las operaciones de Sartirana y su relación con la AFA. Las decisiones de las autoridades judiciales y la UIF en este caso podrían sentar un precedente en el manejo de operaciones sospechosas en el sistema financiero argentino. Además, la respuesta del banco Coinag y su capacidad para manejar la situación sin afectar su reputación será un factor determinante en la confianza de los clientes y en la estabilidad del banco en el corto plazo.