Esta semana, el Congreso de la República del Perú aprobó la ley 32581, que establece un incremento significativo en las pensiones de docentes jubilados y cesantes. Este aumento no es un caso aislado, ya que en el último año se han presentado más de 10 proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones previsionales de diferentes grupos, lo que genera preocupación por el impacto fiscal que estas medidas pueden tener en las finanzas públicas. La ley recientemente promulgada implicará un costo fiscal de S/ 8,018 millones anuales, sumándose a otros gastos significativos, como el incremento de pensiones para el personal militar y policial, que representa S/ 14,851 millones adicionales.

Desde mediados de 2025 hasta abril de 2026, el Congreso ha presentado iniciativas para establecer “pensiones dignas” para docentes de institutos pedagógicos y trabajadores del sector salud, así como propuestas para incorporar a trabajadores CAS al régimen 728. Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente en el gasto público, lo que ha llevado al Consejo Fiscal a alertar sobre las implicancias de estas decisiones. El déficit fiscal proyectado para 2026 se sitúa oficialmente en torno al 1.8% del PBI, aunque especialistas advierten que es poco probable que se cumpla esta meta, lo que podría llevar a un déficit superior al 2%.

El exviceministro de Economía, Carlos Casas, ha expresado que el aumento de compromisos de gasto puede complicar aún más la situación fiscal del país. Las leyes aprobadas y en discusión generan una rigidez creciente en el presupuesto público, lo que podría llevar a la necesidad de desfinanciar otras partidas o incluso aumentar impuestos. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, también ha señalado que algunas de estas medidas podrían reabrir esquemas como la “cédula viva”, donde cualquier incremento salarial se trasladaría automáticamente a las pensiones, lo que resultaría en un costo elevado para el Estado.

El impacto de estas decisiones podría ser significativo a largo plazo, ya que se estima que el ratio de deuda podría superar el 30% del PBI en los próximos años. Si se aprueban más iniciativas que generen obligaciones permanentes, este indicador podría aumentar más rápidamente, afectando la percepción de los inversionistas y la rentabilidad de los bonos. La posibilidad de perder el grado de inversión es un riesgo real, lo que encarecería el financiamiento y tendría efectos negativos en diversos sectores, incluido el sistema previsional.

A futuro, el margen de acción del Poder Ejecutivo es limitado frente a las leyes aprobadas por el Congreso. Aunque existen mecanismos para declarar la inconstitucionalidad de algunas normas, estos procesos son lentos y dependen de decisiones políticas. La implementación de los aumentos de pensiones podría postergarse o condicionarse a la disponibilidad presupuestal, trasladando el impacto a los siguientes años o incluso al próximo gobierno. La esperanza es que la generación de nuevos proyectos de mayor gasto se reduzca, especialmente con la renovación del Congreso, donde muchos de los grupos parlamentarios que aprobaron estas medidas ya no estarán presentes.