El sistema educativo en Perú enfrenta serios desafíos a pesar de un aumento significativo en el presupuesto destinado a este sector. Entre 2021 y 2025, el gasto en educación alcanzó los S/ 219,796.7 millones, de los cuales se ejecutaron S/ 202,923.5 millones, lo que representa un 92.3% del total asignado. Sin embargo, el 60% de este presupuesto se destinó a gastos corrientes, como salarios y pensiones, dejando solo un 40% para inversiones en infraestructura y proyectos educativos. Este desbalance ha contribuido a que la calidad del aprendizaje no haya mejorado, como lo evidencian los resultados de las pruebas PISA y las evaluaciones nacionales de estudiantes de primaria, que mostraron un retroceso en habilidades matemáticas y de comprensión lectora desde la pandemia.

La situación se agrava con la inestabilidad en el liderazgo del Ministerio de Educación, que ha visto pasar a 12 ministros desde 2021. Esta alta rotación dificulta la implementación de políticas educativas coherentes y sostenibles. Según expertos, la falta de continuidad en la gestión ha entorpecido la ejecución de planes estratégicos, como el proyecto educativo nacional al 2036, que busca mejorar la calidad educativa y la infraestructura escolar. Además, la reciente aprobación de leyes que permiten el retorno de docentes no calificados a la Carrera Pública Magisterial ha generado preocupación sobre la meritocracia en el sistema educativo.

En cuanto a la infraestructura, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) ha tenido un desempeño variable. Aunque el presupuesto para este programa aumentó en 2023, la ejecución en 2025 mostró una caída significativa, con solo S/ 316.1 millones asignados y un 85.2% de ejecución. Esto refleja una tendencia preocupante en la capacidad del gobierno para gestionar y utilizar eficientemente los recursos destinados a mejorar las condiciones de aprendizaje en las escuelas públicas. La falta de inversión en infraestructura también se traduce en brechas significativas en el acceso a educación de calidad, especialmente en zonas rurales, donde el 42% de los niños sufren de anemia, lo que afecta su rendimiento académico.

Las implicancias para el futuro son claras: el próximo gobierno deberá priorizar no solo el aumento del presupuesto para educación, sino también la mejora en la gestión y ejecución de estos recursos. La inversión en infraestructura educativa es crucial para garantizar un entorno de aprendizaje adecuado. Además, es fundamental establecer políticas que aseguren la calidad de los docentes y la formación continua, para que puedan adaptarse a las demandas del mundo actual. La falta de acción en estos frentes podría perpetuar el estancamiento en la calidad educativa y, por ende, limitar las oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.

A medida que se acercan las elecciones, es vital que los ciudadanos y los actores del sector educativo presionen por un enfoque más estratégico y menos reactivo en la política educativa. La agenda del nuevo gobierno debe incluir la creación de un marco estable que permita a los ministros de educación implementar y evaluar políticas a largo plazo. La inversión en educación no solo es un gasto, sino una inversión en el futuro del país, que tendrá repercusiones en la economía y en la cohesión social a largo plazo.