Un reciente informe del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y el Instituto de Criminología ha revelado que los robos en Lima Metropolitana han aumentado un 14.8% entre 2022 y 2023. Este incremento se inscribe en un ciclo de victimización que ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando no solo un problema de inseguridad, sino también un fenómeno económico que involucra oferta, demanda y canales de distribución. La investigación destaca que la dinámica del delito en la capital peruana se ha vuelto más violenta y compleja, lo que debería ser motivo de preocupación para las autoridades locales y la ciudadanía en general.

Entre 2013 y 2018, los robos de dinero y celulares habían disminuido del 19.1% al 14.6%, una caída que no se atribuyó a mejoras en la seguridad pública, sino a un mayor autocuidado de los ciudadanos y el refuerzo de la seguridad privada. Sin embargo, en 2019, esta tendencia se revirtió, con un aumento en la victimización al 17.5%, impulsado por el uso de armas de fuego y la creciente presencia del crimen organizado. Este cambio en la dinámica delictiva ha puesto en evidencia la ineficacia de las estrategias locales frente a formas de delito más agresivas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto temporal en la reducción de los robos, con una caída del 11% en 2020 y 2021, atribuida a las restricciones de movilidad y el confinamiento. Sin embargo, con el levantamiento de estas restricciones, el robo ha vuelto a aumentar, lo que indica que las condiciones económicas y sociales han creado un entorno propicio para el delito. La precarización social y la expansión del crimen organizado han sido factores determinantes en este ciclo de crecimiento del robo, que se ha convertido en un mercado sostenido por la demanda de objetos robados.

Desde una perspectiva económica, el robo en Lima no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una cadena de valor donde los objetos sustraídos encuentran rápidamente compradores. Esto sugiere que la oferta y demanda de bienes robados son más complejas de lo que se podría pensar. La existencia de mercados que operan de manera semi-legal, donde los objetos robados se venden con facturas y licencias, complica aún más la situación. La creciente utilización de smartphones para servicios financieros ha aumentado el atractivo de estos dispositivos en el ámbito delictivo, lo que ha llevado a un cambio en las modalidades de robo.

A futuro, se anticipa que la tendencia de robos podría continuar en aumento, a menos que se implementen estrategias efectivas para intervenir en la cadena de valor del delito. Según Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, incrementar los costos de transacción en los mercados de reventa y reparación podría ser más efectivo que las medidas centradas en sanciones. La situación actual en Lima es un claro recordatorio de que la seguridad pública no es solo una cuestión de control policial, sino también de abordar las raíces económicas del delito.