La industria minera en México enfrenta un cambio significativo con la reciente aprobación de una reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta medida, que se implementará de manera gradual entre 2027 y 2030, obligará a las empresas a reorganizar sus turnos y procesos, lo que representa un desafío considerable, especialmente en un sector donde las jornadas suelen ser de 12 horas por turno.

El decreto, publicado el 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, establece que la reducción se llevará a cabo mediante ajustes progresivos de dos horas anuales. Esto no solo afectará la estructura de personal, sino que también redefinirá los límites de horas extra, obligando a las empresas a mantener la productividad sin comprometer salarios ni prestaciones.

Las compañías mineras ya están evaluando diferentes alternativas para cumplir con la normativa. Expertos del sector advierten que, si no se rediseñan los procesos o se invierte en automatización, la productividad podría caer hasta un 17%. En un contexto donde la demanda global de minerales estratégicos sigue en aumento, la capacidad de adaptación será crucial para mantener la competitividad.

El impacto financiero de esta reforma podría ser significativo, con incrementos en los costos laborales que oscilan entre el 22% y el 38%. Sin embargo, el efecto inmediato será limitado, ya que la implementación será gradual, permitiendo a las empresas ajustar su estructura de costos y procesos productivos a lo largo del tiempo.