El reciente decreto que establece el Servicio Universal de Salud (SUS) en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, promete una atención médica sin rechazos. Sin embargo, esta aspiración se ve empañada por una serie de condicionantes que limitan su efectividad. En total, el decreto incluye doce cláusulas que permiten a las instituciones de salud rechazar pacientes bajo diversas circunstancias, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta promesa.

El primer artículo del decreto condiciona el acceso a la atención médica a la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución. Esto significa que si un hospital no cuenta con el espacio necesario, los recursos económicos o el presupuesto autorizado, puede legalmente rechazar a un paciente. En un país donde la disponibilidad de camas hospitalarias es alarmantemente baja, con solo una por cada mil habitantes frente a un promedio de 4.2 en la OCDE, la capacidad para cumplir con el principio de “cero rechazo” es prácticamente inexistente.

Además, el segundo artículo añade más condicionantes que complican aún más la situación. Las instituciones operarán “sin perjuicio de su capacidad financiera” y “sin menoscabo en la calidad de los servicios”. Esto implica que cualquier paciente adicional podría afectar la calidad de atención a los derechohabientes actuales, convirtiendo el ideal de “cero rechazo” en una mera ilusión. La cláusula de reciprocidad también establece un flujo equilibrado entre instituciones, lo que es difícil de lograr dada la asimetría en capacidades entre diferentes hospitales.

La falta de un sistema de quejas o sanciones para quienes nieguen el servicio es otro punto crítico. Sin un mecanismo que garantice la exigibilidad de este derecho, la promesa del SUS se convierte en una declaración vacía. Además, el decreto no menciona la inclusión del Consejo de Salubridad General, que podría haber otorgado un marco más sólido y vinculante para la implementación del SUS. La ausencia de un presupuesto adicional para las instituciones de salud, como se establece en el Transitorio Décimo, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema.

Para los inversores y analistas, la situación del SUS es un reflejo de la fragilidad del sistema de salud en México. La falta de recursos y la ineficiencia en la gestión de los mismos son preocupaciones que podrían impactar en el sector salud a largo plazo. La experiencia durante la pandemia de COVID-19, donde el IMSS atendió a más de 350 mil personas sin seguridad social, muestra que las promesas de reembolso y financiamiento pueden no materializarse. Con un déficit acumulado en el Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS que supera los 110 mil millones de pesos, la situación es insostenible.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones sobre la reforma del sistema de salud en México. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el SUS como un proyecto histórico, pero sin cambios legislativos significativos y un fondo de compensación real, la implementación seguirá siendo problemática. Los inversores deben estar atentos a las posibles modificaciones en la ley del IMSS y del ISSSTE, así como a la necesidad de una reforma fiscal que respalde adecuadamente el sistema de salud. La falta de un marco financiero sólido podría limitar las oportunidades en el sector salud y afectar la confianza de los inversores en el país.