Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha revelado que para mantener la deuda neta de Colombia en torno al 60% del PIB, se requeriría un ajuste fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB. Este diagnóstico se presenta en un contexto crítico, ya que el nuevo Gobierno asumirá el 7 de agosto y enfrenta desafíos significativos en la sostenibilidad fiscal del país.

El informe destaca que, sin medidas correctivas, el déficit primario podría alcanzar un 3,8% del PIB entre 2027 y 2030, lo que llevaría a que la deuda neta se eleve a aproximadamente 71% del PIB para 2028. Este aumento es alarmante, considerando que la deuda neta del Gobierno Nacional Central pasó de 41,8% del PIB en 2015 a 58,5% en 2025, lo que representa un incremento de casi 17 puntos porcentuales en una década. Además, el déficit primario, que promedió solo 0,2% del PIB entre 2005 y 2019, se disparó a 3,5% en 2025, lo que refleja un deterioro significativo en las finanzas públicas.

El informe también señala que las necesidades de financiamiento del Gobierno alcanzaron un 10,5% del PIB en 2025, el nivel más alto desde al menos 2011, excluyendo los años de pandemia. Este aumento en el financiamiento se debe principalmente a un crecimiento del gasto primario que superó en 4,1 puntos del PIB su tendencia histórica entre 2019 y 2025, impulsado por transferencias en pensiones, salud y subsidios a combustibles. La situación fiscal actual es preocupante y requiere atención inmediata para evitar un colapso financiero.

Para abordar estos desafíos, el informe sugiere varias medidas, incluyendo la racionalización de beneficios fiscales, el fortalecimiento de la DIAN para combatir la evasión fiscal, y la ampliación de la base de declarantes del impuesto de renta. En el ámbito del gasto, se proponen reformas en salud y pensiones, así como ajustes automáticos en los precios de los combustibles. Estas medidas son cruciales para restaurar la confianza en las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

A medida que el nuevo Gobierno se prepara para asumir el poder, es fundamental que implemente estas recomendaciones para evitar un deterioro adicional en la situación fiscal. Los inversores deben estar atentos a las decisiones que se tomen en los primeros meses de gestión, ya que cualquier indicio de falta de acción podría generar incertidumbre en los mercados y afectar la percepción de riesgo del país. La fecha clave será el 7 de agosto, cuando se inicie oficialmente el nuevo mandato, y se espera que se presenten los primeros planes de ajuste fiscal.