Perú enfrenta un panorama incierto en su crecimiento económico para el 2026, con proyecciones que se mantienen estancadas en un 3.2%. Este estancamiento se debe a diversos factores, incluyendo el desabastecimiento de gas natural, la volatilidad en los precios del petróleo, y la inminente segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente. La guerra en Medio Oriente ha añadido presión a los precios de los combustibles, complicando aún más la situación económica del país.

El economista Elmer Cuba, de Macroconsult, señala que aunque el país se encontraba en camino a elevar sus proyecciones de crecimiento, los recientes acontecimientos han llevado a un escenario neutral. La incertidumbre generada por las elecciones y el fenómeno de El Niño, que aún no muestra su impacto total, son factores que podrían alterar las expectativas económicas. La crisis del gas de Camisea, que había generado preocupaciones significativas, parece haber sido superada, pero la situación política sigue siendo un punto crítico.

La política peruana ha sido históricamente volátil, y la actual composición del Congreso ha sido calificada como populista, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las leyes aprobadas recientemente, que incluyen incrementos significativos en las pensiones, podrían tener un costo fiscal de entre S/ 8,000 a S/ 9,000 millones anuales, lo que representa un desafío para el próximo gobierno. La posibilidad de que el nuevo presidente no cuente con un Congreso favorable podría complicar aún más la gobernabilidad y la implementación de políticas económicas efectivas.

Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan las elecciones y quién será el próximo presidente. Un escenario donde ambos candidatos en la segunda vuelta sean de derecha podría llevar a una rápida desescalada de la tensión política, lo que sería positivo para la economía. Sin embargo, si el candidato Roberto Sánchez avanza, las fricciones políticas podrían prolongarse, afectando la confianza de los inversores y la dinámica de inversión en el país. Las decisiones de inversión a corto plazo ya están siendo postergadas, lo que podría impactar negativamente en la actividad económica.

Mirando hacia el futuro, el nuevo gobierno tendrá un plazo de seis meses para implementar ajustes necesarios antes de que las leyes aprobadas comiencen a tener un impacto fiscal significativo en 2027. La situación actual de precios altos en commodities como el cobre y el oro está brindando un respiro fiscal, pero es crucial que el próximo gobierno actúe con rapidez para evitar un desbalance fiscal que podría llevar a la pérdida del grado de inversión. Las proyecciones de crecimiento y la estabilidad económica dependerán en gran medida de la capacidad del nuevo gobierno para manejar la situación política y económica en el corto plazo.