La Justicia de La Plata ha emitido una medida cautelar que obliga a Aguas y Saneamiento Argentino (AySA) a garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento ambiental en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión se produce en un momento crítico, justo antes de que el gobierno de Javier Milei avance con la privatización de la empresa, un proceso que ha generado preocupación por el posible deterioro de los servicios esenciales. El juez Mariano López ha dispuesto que AySA no puede realizar recortes en inversiones ni postergar obras críticas hasta que se complete una evaluación integral de los impactos ambientales y sanitarios de la privatización.

La intervención judicial responde a una acción preventiva iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que ha alertado sobre los riesgos de que la privatización de AySA conduzca a un deterioro en la calidad del servicio. La Defensoría, liderada por Guido Lorenzino, argumenta que la reestructuración podría resultar en la reducción de exigencias regulatorias y en la flexibilización de los controles de calidad del agua. Este fallo es un intento de preservar el acceso al agua y evitar que la desregulación afecte la salud pública y el medio ambiente en la región.

El contexto de esta medida es significativo. El gobierno nacional ha autorizado el llamado a licitación pública para vender el 90% de las acciones de AySA a un operador estratégico, con la expectativa de recaudar alrededor de 500 millones de dólares para el pago de la deuda. Esta privatización se enmarca en un esquema que busca vender al menos el 51% de la compañía a un operador privado, mientras que el 10% restante se destinará a los empleados a través de un Programa de Propiedad Participada. La licitación está programada para llevarse a cabo en agosto de 2026, lo que añade presión sobre la empresa y sus operaciones actuales.

Desde el punto de vista del inversor, esta situación presenta un riesgo considerable. La incertidumbre sobre la calidad del servicio y la posible falta de inversión en infraestructura podrían afectar la percepción del mercado sobre AySA y su valor en el futuro. Además, el hecho de que la justicia haya intervenido en el proceso de privatización podría generar un clima de desconfianza entre los potenciales compradores, quienes podrían reconsiderar su interés en adquirir acciones de la empresa. La resolución judicial también podría tener implicaciones para otras privatizaciones que el gobierno de Milei planea llevar a cabo en el futuro.

A medida que se acerca la fecha de la licitación, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos. La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se evalúe la legitimidad de la privatización, lo que podría llevar a más retrasos en el proceso. Además, la apertura de sobres para la presentación de ofertas está programada para el 27 de agosto, lo que significa que los próximos meses serán decisivos para el futuro de AySA y el acceso al agua en la provincia de Buenos Aires. Los inversores deben estar atentos a cualquier anuncio relacionado con la evaluación ambiental y sanitaria, así como a las decisiones que tome la justicia sobre la privatización de la empresa.