El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en su estrategia de privatización al lanzar la licitación pública nacional e internacional para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), actualmente en manos del Estado. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, quien había anticipado la decisión en redes sociales. La licitación se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde se publicarán los pliegos de bases y condiciones, así como toda la documentación relacionada con la operación.

La privatización de AySA es parte de un proceso más amplio impulsado por la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, que declaró a la compañía como “sujeta a privatización”. Este proceso no solo busca transferir la titularidad accionaria, sino que también tiene como objetivo transformar de manera significativa el servicio de agua potable y saneamiento en el país. La operación se realizará en varias etapas, comenzando con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, lo que marca un cambio importante en la gestión de un servicio esencial.

El cronograma oficial establece que la presentación de ofertas deberá realizarse en un plazo mínimo de 45 días corridos desde la publicación de la licitación, que se espera sea el 12 de agosto de 2026. La apertura de sobres está programada para el 27 de agosto a las 10:00, en un acto público electrónico. Este proceso ha generado un debate sobre el equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad del servicio, así como sobre las tarifas que se aplicarán en el futuro. La discusión sobre si el acceso al agua debe ser considerado un servicio público o un negocio privado se reaviva con esta privatización.

Desde un punto de vista financiero, la privatización de AySA podría atraer inversiones significativas al sector, especialmente si se establece un marco regulatorio claro que garantice la sostenibilidad financiera y la inversión en infraestructura. Los inversores estarán atentos a cómo se definirán las tarifas y cuáles serán las exigencias de inversión que deberá asumir el nuevo concesionario. Este aspecto es crucial, ya que el equilibrio entre la rentabilidad y la expansión de las redes de agua y saneamiento será determinante para el éxito del nuevo modelo de gestión.

A futuro, será importante monitorear la evolución del proceso licitatorio y las decisiones que se tomen en torno al esquema tarifario. La privatización de AySA no solo impactará en el acceso al agua y saneamiento en Argentina, sino que también podría influir en la percepción de los inversores sobre el clima de negocios en el país. La forma en que se estructuren los contratos y se regulen las operaciones será clave para determinar el éxito de esta iniciativa y su impacto en el mercado argentino en general.