El proyecto minero Vicuña ha recibido la aprobación oficial para ingresar al Registro de Inversiones de Gran Impacto (RIGI), marcando un hito en la historia del sector minero argentino. Con una inversión inicial de u$s9.700 millones, que podría alcanzar hasta u$s18.000 millones en la próxima década, este emprendimiento se posiciona como uno de los más significativos a nivel global, especialmente en la producción de cobre. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la importancia de este proyecto no solo para la minería, sino para la economía argentina en su conjunto, al generar empleo y fomentar el crecimiento económico.

Vicuña es una sociedad conformada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y su enfoque principal será la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile. Esta región es conocida por sus reservas de clase mundial, lo que posiciona a Argentina como un país con un alto potencial en un contexto de creciente demanda global de estos metales, impulsada por la electrificación y las energías renovables. La aprobación del RIGI, que otorga beneficios fiscales y legales a largo plazo, es un paso crucial para asegurar la viabilidad del proyecto.

El proyecto Vicuña se desarrollará en tres etapas, comenzando con una inversión de u$s7.100 millones entre 2027 y 2030, centrada en el depósito Josemaría, donde se establecerá una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa buscará incorporar recursos de óxidos de Filo del Sol, mientras que la tercera fase incluirá la expansión de la planta y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol. Una vez en plena operación, se espera que Vicuña produzca anualmente 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, generando exportaciones que podrían alcanzar los u$s6.000 millones anuales, lo que representa casi la totalidad de las exportaciones mineras argentinas en 2025.

En términos de empleo, se estima que la fase de construcción del proyecto generará 12.000 puestos de trabajo directos, mientras que la fase operativa mantendrá aproximadamente 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con un alto porcentaje de mano de obra local. Este impacto en el empleo es significativo para la economía de San Juan, donde más del 81% de los empleados directos son oriundos de la provincia. Sin embargo, el proyecto también ha generado controversia, especialmente en relación con la adjudicación de contratos a proveedores extranjeros, lo que ha suscitado un debate sobre la prioridad de los beneficios del RIGI para la industria nacional.

La aprobación del RIGI se produce en un momento en que Argentina busca reactivar su sector minero, que actualmente presenta una producción marginal de cobre. Con reservas significativas y una creciente demanda global, el país tiene la oportunidad de convertirse en un jugador clave en el mercado internacional. A medida que se avanza en la implementación de Vicuña, será crucial monitorear la decisión final de los accionistas de la compañía, que se espera para finales de este año, así como la evolución de la inversión y la producción en los próximos años, que podría transformar la economía argentina y su posición en el mercado global de minerales.