El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación del ingreso del megaproyecto cuprífero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que marca un hito significativo para la minería argentina. Este proyecto, que involucra a las corporaciones BHP y Lundin, se desarrollará en la provincia de San Juan y contempla una inversión inicial de US$9.700 millones. Se estima que generará exportaciones por más de US$2.600 millones anuales y creará más de 30.000 empleos directos e indirectos, lo que podría tener un impacto positivo en la economía local y nacional.

El Distrito Vicuña, que incluye los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, tiene un potencial de escalabilidad que podría alcanzar hasta US$18.000 millones en inversiones a largo plazo. Este megaproyecto se posiciona entre los cinco más grandes del mundo en términos de producción de cobre, lo que resalta su importancia en el contexto global de la minería. La primera fase del proyecto se centrará en el desarrollo del yacimiento Josemaría, optimizando la infraestructura ya planificada, mientras que las etapas posteriores se enfocarán en la explotación de recursos adicionales.

El proceso de desarrollo del proyecto ha sido estructurado a partir de una Evaluación Económica Preliminar (PEA) que establece una explotación secuencial. La producción promedio estimada es de 395.000 toneladas de cobre equivalente al año durante los primeros 25 años de vida útil del yacimiento. Además, se espera la producción de 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata anuales, lo que diversifica el riesgo asociado a la volatilidad de los precios internacionales de los metales.

El proyecto Vicuña también se destaca por su enfoque en la integración de proveedores locales, con un 92,6% de la plantilla de trabajadores siendo de nacionalidad argentina. Esto incluye a 150 empresas contratistas que proveen servicios variados, lo que refleja un fuerte compromiso con el desarrollo económico regional. Sin embargo, la empresa ha enfrentado críticas por la adjudicación de contratos a empresas extranjeras, lo que ha llevado a un mayor énfasis en la estrategia de abastecimiento nacional.

A medida que el proyecto avanza, se anticipa un aumento en la demanda de insumos y servicios, lo que requerirá que la cadena de proveedores locales se adapte a estándares internacionales. Este proceso de certificación será crucial para asegurar que el proyecto pueda cumplir con las exigencias operativas de un activo de clase mundial. Los próximos meses serán clave para observar cómo se desarrolla la infraestructura eléctrica necesaria y cómo se gestionan las relaciones con las comunidades locales y los proveedores.