El Índice de Libertad Económica 2026, elaborado por la Heritage Foundation, posiciona a Colombia en el puesto 91 entre 184 economías, con una puntuación de 59,8 sobre 100. Este resultado, aunque coloca al país por encima del promedio regional en América Latina, lo sitúa detrás de economías más avanzadas como Chile, Uruguay y Costa Rica. A nivel continental, Canadá lidera la clasificación, lo que resalta la necesidad de Colombia de mejorar en varios indicadores clave para fortalecer su economía.

Entre los aspectos positivos, Colombia destaca en libertad monetaria, con 71,9 puntos, y libertad comercial, con 71,4 puntos. Sin embargo, los indicadores más débiles se encuentran en integridad gubernamental (41,6 puntos), derechos de propiedad (43,1 puntos) y salud fiscal (49,8 puntos). Remi Stellian, profesor de la Universidad Javeriana, señala que estas calificaciones reflejan tanto las fortalezas como las debilidades estructurales de la economía colombiana, donde el emprendimiento y el comercio son áreas relativamente avanzadas, pero las finanzas públicas y el respeto a los derechos de propiedad son preocupantes.

Colombia cuenta con una población de 52,2 millones y una economía valorada en US$1,1 billones, con un crecimiento del 2,5% en 2025. La inflación se sitúa en 6,6% y la tasa de desempleo en 9,7%. A pesar de estos indicadores de crecimiento, la deuda pública alcanza el 61,2% del PIB, lo que plantea desafíos significativos para la sostenibilidad fiscal del país. Stellian enfatiza que cualquier mejora en el índice de libertad económica dependerá de fortalecer las instituciones públicas y mejorar la gestión de los recursos del Estado.

En el ámbito regulatorio, Colombia ha mostrado avances, especialmente en la simplificación de procedimientos empresariales. Sin embargo, los costos laborales elevados y la alta informalidad en el mercado laboral continúan siendo obstáculos para un crecimiento más robusto. La medición también evaluó la apertura de los mercados, donde Colombia obtuvo 60 puntos en libertad financiera y libertad de inversión, lo que sugiere un entorno relativamente favorable para la inversión, aunque con importantes restricciones.

La relación entre libertad económica y crecimiento no es automática, según Stellian. La estabilidad política y regulatoria es crucial para los inversionistas, quienes consideran factores como la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas del juego antes de comprometer capital en nuevos proyectos. Con una proporción de hogares en pobreza monetaria del 28% y pobreza extrema del 9,6%, el país enfrenta desafíos sociales que podrían afectar su estabilidad económica a largo plazo. En este contexto, la atención se centrará en las reformas necesarias para mejorar la salud fiscal y la integridad del gobierno, especialmente en un entorno electoral donde las decisiones políticas pueden influir en la dirección económica del país.