La reciente controversia en Colombia sobre la medición del mercado laboral ha cobrado fuerza tras la publicación de un estudio de la Universidad de Antioquia. Este análisis revela diferencias significativas entre las cifras de formalidad laboral reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (Ugpp). En particular, el estudio, liderado por Edwin Torres Gómez, destaca que las afiliaciones a la seguridad social según la Ugpp habrían caído un 1,35% hasta febrero de 2026, mientras que el Dane reporta una reducción de la informalidad al 55%, después de haber estado por encima del 56,5%. Esta discrepancia ha reabierto el debate sobre las metodologías empleadas para medir el empleo formal e informal en el país.

El análisis realizado por la Universidad de Antioquia se fundamenta en la ley de Okun, que establece que un crecimiento económico modesto, como el 2,6% del PIB en 2025, no puede justificar una caída tan pronunciada en la tasa de desempleo, que pasó del 11,6% al 8% en el mismo período. Este fenómeno ha llevado a cuestionar la veracidad de las cifras del Dane, que se basan en metodologías armonizadas internacionalmente, según la entidad. En una carta dirigida a los investigadores, el Dane argumentó que sus cifras son comparables a nivel internacional y se sustentan en definiciones estadísticas acordadas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.

La controversia no es nueva. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha sido una de las voces más críticas respecto a las cifras del Dane, señalando que los datos de cotizantes en el sistema de protección social han mostrado una caída del 1,8% en doce meses. En marzo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que el número de cotizantes en diciembre de 2025 fue de 13,35 millones, en contraste con los 11,4 millones reportados por el Dane. Esta discrepancia en los datos ha generado desconfianza en las cifras oficiales y ha llevado a un llamado a revisar las metodologías utilizadas.

Para los inversores, estas divergencias en los datos laborales pueden tener implicaciones significativas. Un mercado laboral que presenta cifras de informalidad más altas de lo que se reporta podría indicar una economía menos robusta de lo que se percibe. Esto podría afectar decisiones de inversión y la confianza en el crecimiento económico del país. Además, la incertidumbre sobre la veracidad de los datos puede influir en las políticas económicas y laborales futuras, lo que a su vez podría impactar sectores clave de la economía colombiana.

A medida que se desarrollan estos debates, es crucial que los inversores y analistas mantengan un seguimiento cercano de las cifras laborales y las respuestas del gobierno y las entidades relacionadas. La próxima publicación de datos oficiales y cualquier revisión de las metodologías por parte del Dane o la Ugpp serán eventos clave a monitorear. La transparencia en la medición del empleo será fundamental para restaurar la confianza en las estadísticas laborales y, por ende, en la salud económica del país.