Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en Colombia alcanzó el 28% en 2025, lo que implica que más de 14,4 millones de colombianos viven con menos de $482.041 mensuales. Este dato refleja una disminución en la cantidad de personas en esta situación en comparación con años anteriores, donde se reportaron 17,5 millones en 2023 y 16,3 millones en 2024. A pesar de la reducción, el número sigue siendo alarmante y pone de manifiesto la fragilidad económica de una parte significativa de la población.

La pobreza extrema, que afecta a quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas, se situó en un 9,6% de la población, lo que equivale a aproximadamente 4,9 millones de personas. Este grupo no logra reunir los recursos necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos, lo que limita su acceso a una vida digna. La línea de pobreza extrema se definió en $236.580 para una persona y $946.320 para un hogar de cuatro personas, lo que resalta la precariedad de muchas familias colombianas.

El DANE también informó que la reducción de la pobreza monetaria se debe en gran medida al crecimiento de los ingresos reales de los colombianos de menores recursos, que aumentaron más del 10% en el último año. Este crecimiento se ha visto impulsado por la disminución de la tasa de desempleo, que pasó del 10,2% en 2024 al 8,9% en 2025. Sin embargo, la reducción del presupuesto destinado a transferencias monetarias por parte del Departamento de Prosperidad Social ha limitado el impacto positivo de estas mejoras en el ingreso de los hogares más vulnerables.

La situación económica de los colombianos tiene implicaciones significativas para el consumo y la inversión en el país. La incapacidad de una parte considerable de la población para acceder a bienes y servicios esenciales puede frenar el crecimiento económico a largo plazo. Además, la reducción de la pobreza extrema, aunque positiva, no es suficiente para garantizar la estabilidad económica, ya que se requiere un crecimiento sostenido y la formalización del empleo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De cara al futuro, es crucial que el gobierno colombiano implemente políticas que no solo se enfoquen en la reducción de la pobreza, sino que también busquen mejorar la calidad del empleo y aumentar la inversión en infraestructura. La mejora en la conectividad y el acceso a servicios básicos es fundamental para fomentar un crecimiento inclusivo. A medida que se avanza hacia 2026, será importante monitorear las políticas de transferencias sociales y su impacto en la población más vulnerable, así como el desarrollo de proyectos que busquen mejorar la infraestructura en regiones con alta pobreza.