El recaudo del impuesto al patrimonio por la emergencia económica en Colombia alcanzó los $5,1 billones hasta mayo, cifra que se divide en $2,4 billones de la primera cuota y $2,7 billones de la segunda. A pesar de este esfuerzo, el Gobierno no logró cumplir con la meta de $8,3 billones establecida para enfrentar la crisis provocada por la ola invernal, lo que genera un déficit de $3,2 billones. Este contexto plantea interrogantes sobre las futuras medidas fiscales que podría adoptar el Gobierno para compensar este faltante.

Los sectores que más contribuyeron al recaudo fueron el financiero y el energético, con aportes de $1 billón y $900.000 millones respectivamente en la primera cuota, y $722.309 millones de la minería. La tarifa diferencial del 1,6% para estos sectores, establecida por el Decreto 173 de 2026, ha sido un factor clave en la concentración del recaudo. Sin embargo, no todas las empresas con patrimonio superior a $10.474 millones pagaron el impuesto, ya que algunas entidades sin ánimo de lucro y en liquidación quedaron exentas, lo que limita aún más el alcance del recaudo.

El exdirector de la Dian, Lisandro Junco, advirtió que el incumplimiento de la meta fiscal podría llevar al Gobierno a buscar nuevos recursos, lo que podría incluir ajustes en el diseño del impuesto al patrimonio o la implementación de incentivos para que los contribuyentes se pongan al día. Esta situación es preocupante, ya que un déficit mayor podría incrementar la necesidad de endeudamiento del Estado, afectando la estabilidad fiscal a mediano y largo plazo.

La diferencia en el recaudo entre la primera y segunda cuota, que pasó de $2,4 billones a $2,7 billones, se atribuye a la recolección de pagos atrasados. Esto indica que muchos contribuyentes que habían presentado sus declaraciones sin realizar el pago correspondiente regularizaron su situación. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del impuesto, lo que podría tener repercusiones significativas en su aplicación futura.

A medida que el Gobierno busca consolidar una hoja de ruta para proyectos de energía limpia, la situación fiscal también influye en la capacidad de inversión en este sector. La presión fiscal sobre los sectores más productivos puede tener un efecto en la inversión y el crecimiento económico. Los inversores deberán estar atentos a las decisiones del Gobierno en cuanto a nuevas medidas fiscales y a la evolución de la situación judicial respecto al impuesto al patrimonio, ya que esto podría afectar la confianza en el mercado y las proyecciones de crecimiento económico en el país.