El contrabando en Colombia representa una pérdida significativa para el fisco, estimada en $8 billones anuales, mientras que el movimiento de mercancías en la economía podría alcanzar más de $32 billones. Esta situación ha llevado al gobierno colombiano, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a impulsar un nuevo régimen sancionatorio aduanero que busca abordar esta problemática de manera más efectiva. Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, ha señalado que la falta de recaudación de impuestos debido al contrabando es un tema crítico que afecta las finanzas del país.

El contrabando se puede analizar desde tres niveles. Primero, se estima el valor del contrabando utilizando la metodología espejo, que compara las cifras de exportación e importación reportadas por los países. Esta metodología sugiere que el contrabando podría rondar los US$8.000 millones, equivalentes a aproximadamente $32 billones. En segundo lugar, se considera el impacto fiscal, donde el IVA y los aranceles no recaudados suman los $8 billones mencionados. Finalmente, se debe tener en cuenta la complejidad de las sanciones actuales, que se simplificarán con la nueva legislación.

El nuevo régimen sancionatorio aduanero, actualmente en trámite en el Congreso, busca reducir las sanciones de 357 a 235 y hacer que las multas sean más proporcionales. Esto permitirá diferenciar entre errores formales y conductas dolosas, lo que podría facilitar la aplicación de sanciones. Además, se eliminarán procedimientos problemáticos, lo que simplificará la aplicación de la ley. La Dian ha trabajado en consenso con el sector privado para llegar a un acuerdo sobre los 114 artículos del proyecto de ley, lo que es un hito en la negociación legislativa.

La urgencia de aprobar esta ley radica en que, si no se logra antes del 20 de junio, se perderán las capacidades de aprehensión de mercancías en puertos y aeropuertos a partir del 21 de julio. Esto significaría un retroceso en la lucha contra el contrabando y la imposibilidad de aplicar sanciones aduaneras, lo que podría afectar aún más la recaudación fiscal. En el contexto de la economía colombiana, la recaudación ha mostrado un incremento del 9% en comparación con el año anterior, alcanzando $139 billones en el mismo periodo, lo que resalta la importancia de mantener un marco regulatorio efectivo.

Desde una perspectiva más amplia, el avance tecnológico en la Dian, que incluye un sistema de selectividad aduanera más sofisticado, se espera que mejore la capacidad de inspección y control en las fronteras. Esto es crucial para combatir el contrabando y asegurar que las importaciones se realicen de manera legal y con el pago correspondiente de impuestos. La experiencia de Colombia en la implementación de sistemas de facturación electrónica también puede servir como modelo para otros países de la región, lo que podría tener un impacto positivo en la formalización de la economía.

A medida que se avanza en la discusión del nuevo régimen sancionatorio, es importante monitorear la evolución del proceso legislativo y la respuesta del sector privado. La fecha límite del 20 de junio se convierte en un hito clave para la implementación de medidas efectivas contra el contrabando y la mejora en la recaudación fiscal. La situación en Colombia podría tener repercusiones en la región, especialmente en países vecinos como Argentina, que también enfrentan desafíos similares en términos de contrabando y recaudación fiscal.