La agenda económica de Juntos por el Perú (JP) está profundamente ligada a la propuesta de un cambio constitucional, un tema que ha generado intensos debates en el país. La actual Constitución ha sido criticada por diversos sectores, que argumentan que no refleja la voluntad popular y que ha limitado el papel del Estado en la economía, favoreciendo a grandes corporaciones. Sin embargo, el análisis del capítulo económico de la Constitución revela un marco que, en teoría, promueve la libre competencia y protege los derechos de los consumidores, lo que plantea interrogantes sobre la narrativa que se ha construido en torno a ella.

El capítulo económico de la Constitución peruana, que consta de solo ocho artículos, ha sido calificado como "neoliberal" por algunos sectores de la izquierda. Sin embargo, al analizar su contenido, se observa que establece principios que garantizan la libertad de iniciativa privada y la promoción de pequeñas empresas. Por ejemplo, el primer artículo menciona que la economía es una "economía social de mercado", donde el Estado tiene un rol activo en áreas como salud, educación y servicios públicos. Esto contradice la idea de que la Constitución favorece únicamente a las grandes corporaciones, ya que también se reconoce la importancia de la intervención estatal en la economía.

Además, el artículo 59° establece que la actividad económica no debe ser lesiva a la moral ni a la salud pública, y que el Estado debe combatir la desigualdad. Esto sugiere que la Constitución no solo permite la libre competencia, sino que también impone responsabilidades al Estado para garantizar un entorno justo para todos los actores económicos. Este marco legal podría ser visto como un punto de partida para un desarrollo económico más equitativo, en lugar de un obstáculo para las pequeñas y medianas empresas.

Las implicancias de este debate son significativas para los inversores. Si JP y sus aliados logran avanzar en su agenda de cambio constitucional, podrían implementarse reformas que alteren el panorama económico actual. Sin embargo, la realidad política muestra que se requiere una mayoría en el Congreso y un referéndum para llevar a cabo estos cambios, lo que podría resultar en un proceso largo y complicado. La estabilidad política y económica del país dependerá de cómo se desarrollen estas negociaciones y de la capacidad de los partidos para llegar a consensos.

A futuro, es crucial monitorear el avance de la propuesta de JP y cómo se posicionan otros partidos en relación a la reforma constitucional. Las elecciones y la composición del Congreso jugarán un papel determinante en la viabilidad de estos cambios. Además, la respuesta del sector empresarial y de la ciudadanía ante una posible asamblea constituyente será un factor clave que podría influir en la dirección económica del país. Las próximas semanas serán decisivas para entender si se consolidará un cambio en la Constitución o si se mantendrá el statu quo, lo que tendrá repercusiones directas en la inversión y el clima de negocios en Perú.