A menos de dos semanas de la elección de segunda vuelta en Perú, el debate sobre la política económica del nuevo gobierno se intensifica. La propuesta del partido Juntos por el Perú, que aboga por una mayor intervención estatal, podría llevar a una desaceleración del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) a solo 1,5% anual entre 2026 y 2031. En contraste, el partido Fuerza Popular, que promueve la inversión privada y la simplificación administrativa, podría mantener un crecimiento del PBI en torno al 4,5% en el mismo período. Esta diferencia de 3% en las proyecciones de crecimiento resalta la importancia de la política económica en el futuro inmediato del país.

El contexto institucional en Perú es complejo. A pesar de contar con mecanismos de control como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y un Congreso bicameral, el Ejecutivo aún tiene margen para influir en variables críticas como la inversión y el empleo. Esto es especialmente relevante dado que la inversión privada es la variable más sensible a la estabilidad institucional. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la incertidumbre generada llevó a una caída del 6,1% en la inversión privada en 2023, lo que tuvo efectos devastadores en la economía y en los ingresos de los hogares más vulnerables.

Las propuestas de Juntos por el Perú incluyen la renegociación de contratos en sectores estratégicos y una asamblea constituyente, lo que podría generar un ambiente de incertidumbre similar al vivido en el periodo de Castillo. Esta incertidumbre podría provocar una salida de capitales y una depreciación del sol, tal como ocurrió en el pasado, donde se registró una salida de capitales equivalente al 7% del PBI. La experiencia reciente sugiere que cualquier cuestionamiento a la autonomía del BCR o a los contratos existentes podría tener un efecto inmediato en la confianza de los inversores.

Para los inversores, el escenario actual plantea riesgos significativos. La intervención estatal en la economía y la posible renegociación de contratos podrían afectar la rentabilidad de las inversiones en sectores clave. Además, la implementación de reformas tributarias de gran magnitud podría desincentivar la inversión privada, lo que a su vez impactaría en el crecimiento económico general. Por otro lado, un enfoque más favorable hacia la inversión privada podría abrir oportunidades en el mercado, especialmente en el sector minero, que tiene una cartera de proyectos estimada en US$60 mil millones.

A medida que se acercan las elecciones, es crucial monitorear las encuestas y las declaraciones de los candidatos sobre sus políticas económicas. La dirección que tome el nuevo gobierno en cuanto a la inversión y la intervención estatal será determinante para el futuro económico del país. Los inversores deben estar atentos a los primeros 100 días del nuevo gobierno, donde se podrían anunciar cambios significativos en la política económica y fiscal que afecten el clima de inversión en Perú y, por extensión, en la región.