Petroperú, la principal empresa petrolera del Perú, ha reportado una utilidad neta de US$ 208.4 millones y un EBITDA de US$ 395 millones al cierre de abril de 2026. Esta cifra representa una notable mejora en comparación con el mismo período del año anterior, cuando la compañía sufrió una pérdida neta de US$ 197 millones. Este cambio positivo se atribuye a las medidas implementadas por la empresa para optimizar su cadena de valor y mejorar la gestión de inventarios y costos, lo que ha permitido una reducción del 45.4% en los costos de ventas.

A pesar de estos resultados alentadores, la situación financiera de Petroperú sigue siendo preocupante. La empresa reporta pasivos que ascienden a US$ 8,048 millones, lo que refleja una ligera alza respecto a los US$ 8,010 millones del cuarto trimestre de 2025. Este nivel de deuda plantea serios desafíos para la compañía, especialmente en un contexto donde la incertidumbre sobre su dirección estratégica persiste. La calificadora S&P Global Ratings ha mantenido la calificación crediticia de la empresa en “B-”, pero con una perspectiva negativa, lo que indica que aún hay riesgos significativos asociados a su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo.

El reciente decreto de urgencia emitido por el gobierno peruano, que autoriza al Ministerio de Energía y Minas a crear un vehículo de propósito especial con un compromiso financiero de aproximadamente US$ 2,000 millones, busca apoyar la continuidad operativa de Petroperú. Este financiamiento está destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo, reposición de inventarios de combustible y otros servicios esenciales para la producción de hidrocarburos. Sin embargo, S&P advierte que la falta de claridad en los objetivos operativos de la empresa limita la capacidad de prever su recuperación y plantea dudas sobre la efectividad de este apoyo gubernamental.

La incertidumbre en torno a la implementación de un nuevo plan de negocios para Petroperú, que aún no se ha concretado, genera un ambiente de riesgo para los inversores. La calificadora ha señalado que tomará tiempo para que se implemente este plan, ya que requerirá la aprobación de los tenedores de bonos y acreedores. La falta de un cronograma claro y de objetivos específicos puede afectar la confianza de los inversores y su disposición a financiar a la empresa en el futuro.

De cara al futuro, será crucial monitorear el desarrollo del plan de reestructuración de Petroperú y la respuesta de los mercados a las medidas adoptadas por el gobierno. La revisión de la calificación crediticia por parte de S&P dependerá de la visibilidad que se tenga sobre los planes operativos y la estructura financiera de la empresa. La situación de Petroperú es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las empresas estatales en la región, especialmente en un contexto de alta volatilidad en los precios de los hidrocarburos y la presión fiscal que enfrentan los gobiernos en América Latina.