En el reciente Foro LR sobre 'Seguridad energética y competitividad: el desafío de Colombia hacia 2030', expertos del sector energético advirtieron sobre la creciente crisis que enfrenta Colombia, marcada por la escasez de energía y la falta de inversión. Manuel Naranjo, vicepresidente de Energía de Drummond Energy, enfatizó que la regulación excesiva ha llevado a un escenario donde la escasez energética se convierte en una realidad palpable. En este contexto, se destaca que el precio promedio del gas natural en el mercado primario ha aumentado un 36%, pasando de US$7,73 a US$10,54 por MBTU entre 2022 y 2024, lo que agrava aún más la situación de inversión en el sector.

Los expertos coincidieron en que la regulación de precios no solo ha generado escasez, sino que también ha desincentivado la inversión en proyectos energéticos. Naranjo subrayó que, en un entorno donde los precios de la energía y el gas son altos, las oportunidades de inversión se ven limitadas, lo que perpetúa el ciclo de escasez. Además, la falta de un enfoque claro hacia la sostenibilidad energética ha llevado a que el país dependa cada vez más de la importación de gas, una situación que se ha vuelto insostenible a largo plazo, especialmente con el fenómeno de El Niño a la vista.

La transición energética, tal como se ha concebido hasta ahora, ha sido criticada por no generar los beneficios esperados. Naranjo cuestionó si esta transición ha traído bienestar o desarrollo, sugiriendo que en lugar de avanzar, Colombia ha retrocedido en su capacidad de producción de gas. En este sentido, el país ha pasado de ser un exportador a un importador de gas, lo que representa un cambio drástico en su matriz energética. La falta de infraestructura adecuada y la creciente deuda del sistema energético son factores que complican aún más la situación.

Las implicancias para los inversores son claras: la incertidumbre en el sector energético colombiano podría afectar la rentabilidad de futuros proyectos. La deuda de Air-e, que se ha duplicado en los últimos años, es un reflejo de la mala gestión del gobierno en la intervención del sector. Si no se asegura el pago de esta deuda, el país podría enfrentar serios problemas de abastecimiento energético en el segundo semestre del año, lo que podría llevar a un aumento en los precios de la energía y un impacto negativo en la economía en general.

De cara al futuro, los expertos sugieren que el nuevo gobierno debe implementar políticas que promuevan la inversión y la desregulación del sector energético. La expansión de proyectos solares en la región Caribe, que se espera alcance los 12.000 megavatios, podría ser un rayo de esperanza, pero la limitación en la capacidad de exportación de energía a 4.000 megavatios plantea un desafío significativo. A medida que se aproxima el fenómeno de El Niño, la necesidad de un enfoque integral que incluya la exploración de hidrocarburos y la mejora del esquema tributario se vuelve urgente para garantizar la seguridad energética del país.