La Cámara de Diputados del Chaco aprobó el miércoles una reforma al régimen portuario provincial, con 28 votos a favor y uno en contra. Esta modificación busca modernizar la normativa vigente y abrir la puerta a nuevos esquemas de inversión para los puertos de Barranqueras y Las Palmas, considerados estratégicos para el desarrollo logístico y exportador de la provincia. La reforma modifica el artículo 10 de la Ley 1115-T, permitiendo que las administraciones portuarias operen directamente los puertos o cedan su explotación a privados mediante contratos de concesión, siempre a través de licitación pública.

La iniciativa surge en un contexto donde la provincia busca reposicionarse dentro de la logística regional, especialmente en relación con la hidrovía que conecta el interior del país con el océano. Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que esta reforma puede ser una herramienta clave para atraer inversiones y mejorar la competitividad de los productores chaqueños, quienes actualmente enfrentan altos costos al exportar sus productos a través de otros puertos del país. La diputada Lelia Insaurralde destacó que la reforma representa un avance histórico para el Departamento Bermejo, permitiendo que productos como el pacú puedan ser exportados directamente desde el Chaco.

El diputado Iván Gyoker enfatizó que la nueva normativa permitirá contar con un marco moderno que impulse el desarrollo logístico y portuario, vinculado a la discusión nacional sobre cabotaje. La posibilidad de atraer proyectos bajo el régimen de incentivo a grandes inversiones también fue mencionada como un factor clave para el crecimiento económico de la región. Por otro lado, el diputado Samuel Vargas resaltó que el Puerto de Barranqueras cuenta con infraestructura disponible que aún no ha sido completamente aprovechada, lo que podría ayudar a reducir costos para los productores locales.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. Desde la oposición, algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre la entrega de infraestructura pública a manos privadas, cuestionando quién se beneficiará de esta operatoria. El diputado Rodolfo Schwartz, del PTP-PCR, argumentó que la infraestructura construida con fondos públicos no debería ser privatizada. A pesar de estas críticas, la reforma fue presentada como una política de Estado, logrando un amplio consenso legislativo que incluye garantías para los trabajadores portuarios.

Con la ley sancionada, el desafío ahora recae en el Poder Ejecutivo y las administraciones portuarias, que deberán reglamentar los mecanismos y avanzar con las licitaciones para demostrar si esta nueva arquitectura legal puede traducirse en inversiones concretas. La implementación efectiva de esta reforma será crucial para el futuro del sistema portuario chaqueño y su capacidad para integrarse en la dinámica agroexportadora regional. Además, se espera que la reforma potencie el desarrollo de otras iniciativas, como la expropiación de terrenos para regularizar la situación de familias vulnerables en la región.

En resumen, la reforma portuaria en Chaco representa un paso significativo hacia la modernización del sistema logístico provincial, con implicaciones potenciales para la competitividad de los productores locales y la atracción de inversiones. A medida que se avanza en la implementación de esta ley, será fundamental monitorear los resultados y la efectividad de los nuevos mecanismos establecidos para garantizar que se cumplan los objetivos propuestos.