El Gobierno argentino ha presentado un ambicioso proyecto de ley conocido como el 'Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias' o Súper RIGI, que busca atraer inversiones de al menos u$s1.000 millones en sectores tecnológicos que actualmente no están presentes en el país. Este nuevo régimen, que se enviará al Congreso para su aprobación, tiene como objetivo captar proyectos en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Si el parlamento lo aprueba, el esquema estará vigente por cinco años, ofreciendo incentivos significativos para fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas.

A diferencia del RIGI original, que se centraba en potenciar sectores ya existentes, el Súper RIGI está diseñado exclusivamente para atraer industrias completamente nuevas. Esto significa que las inversiones deben canalizarse a través de 'Vehículos de Proyecto Único' (VPU), sociedades creadas específicamente para cada emprendimiento. Además, se establece que para acceder a los beneficios del régimen, las inversiones deben ejecutarse rápidamente, con un mínimo del 20% del monto total invertido durante los primeros dos años. Este requisito busca asegurar que las inversiones sean reales y no solo promesas vacías.

El proyecto también incluye beneficios fiscales atractivos, como una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, así como un régimen de amortización acelerada. La carga sobre dividendos y utilidades se reduciría al 3,5% después de cuatro años desde la adhesión al régimen. Además, se prevé la exención de derechos de importación y exportación para bienes vinculados a los proyectos, lo que podría facilitar la entrada de tecnología y equipos necesarios para el desarrollo de estas nuevas industrias.

Desde una perspectiva de inversión, el Súper RIGI representa una oportunidad significativa para atraer capital extranjero a Argentina, especialmente en sectores de alta tecnología que son considerados estratégicos para el futuro económico del país. La inclusión de cláusulas de arbitraje internacional para resolver disputas entre inversores y el Estado también es un punto a favor, ya que brinda mayor seguridad a los inversores que pueden tener dudas sobre la estabilidad del sistema judicial argentino. Sin embargo, las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos en sus territorios puedan acceder a los beneficios, lo que podría generar tensiones en el ámbito federal.

A futuro, es crucial monitorear el avance de este proyecto en el Congreso y la respuesta de las provincias. La aprobación del Súper RIGI podría marcar un cambio significativo en la política de inversión en Argentina, pero también dependerá de la voluntad de las provincias para alinearse con los objetivos del Gobierno. La fecha de votación en el Congreso aún no está definida, pero se espera que se discuta en los próximos meses, lo que podría generar un impacto inmediato en la percepción de Argentina como destino de inversión en la región.