El Gobierno argentino ha presentado un nuevo régimen de incentivos conocido como 'Súper RIGI', destinado a atraer inversiones de gran escala, específicamente aquellas que superen los US$ 1.000 millones. Este proyecto, que será enviado al Congreso para su consideración, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de sectores tecnológicos y actividades que actualmente no están presentes en el país. La iniciativa, que se denomina oficialmente 'Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias', tendrá una vigencia de cinco años y está diseñada para impulsar proyectos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde, manufactura de baterías de litio y vehículos eléctricos, entre otros.

El marco regulatorio establece que solo podrán acceder a los beneficios del Súper RIGI aquellos proyectos que estén vinculados a actividades que no se desarrollen en Argentina o que se encuentren en una fase experimental. Esto significa que las ampliaciones o reconversiones de empresas existentes no podrán beneficiarse de este régimen, lo que busca incentivar la llegada de nuevas inversiones y tecnologías al país. Además, las inversiones deberán realizarse a través de sociedades específicas, denominadas Vehículos de Proyecto Único (VPU), lo que añade un nivel de control y especificidad a las iniciativas que se presenten.

Entre los beneficios que ofrece el Súper RIGI se incluye una reducción significativa de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que se fijará en un 15%, por debajo del 25% que se aplica en el régimen tradicional. También se contemplan medidas como la amortización acelerada, la deducción de quebrantos sin límite temporal y una baja en la carga sobre dividendos y utilidades al 3,5% después de cuatro años. Estas medidas fiscales buscan hacer más atractiva la inversión en sectores clave para el desarrollo económico del país.

El régimen también elimina derechos de importación y exportación para bienes y productos relacionados con las iniciativas que se adhieran al programa, lo que podría facilitar la llegada de tecnología y equipos necesarios para el desarrollo de los proyectos. Además, se establece un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, lo que podría mejorar la liquidez de las empresas involucradas. La garantía de 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social es un aspecto que podría atraer a inversores que buscan un entorno predecible y seguro para sus inversiones.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrolla este régimen y qué tipo de proyectos logran captar el interés de los inversores. La adhesión de provincias y municipios al régimen será un factor determinante para el éxito de las iniciativas, ya que cualquier norma local que limite los incentivos podría ser considerada nula. La implementación efectiva de este régimen podría marcar un cambio significativo en la dinámica de inversión en Argentina, especialmente en sectores que han sido históricamente poco desarrollados. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto de esta medida en la atracción de capitales extranjeros y el desarrollo de nuevas industrias en el país.