La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) ha implementado una nueva resolución que extiende la obligación de reportar operaciones sospechosas a fiduciarios no financieros y prestadores de servicios administrativos. Esta medida, que comenzó a regir el 12 de mayo, busca fortalecer el control sobre entidades que no están supervisadas por el Banco Central (BCU), destacando la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.

La directora de Senaclaft, Sandra Libonatti, explicó que estas entidades deben establecer un sistema de prevención para evitar ser utilizadas en actividades ilícitas. La inclusión de fiduciarios y prestadores de servicios administrativos en la lista de sujetos obligados marca un cambio significativo en la regulación, ya que anteriormente solo los sectores financieros estaban bajo este escrutinio. Según Diego Buela, especialista en compliance, el primer paso para estas entidades es inscribirse en el padrón de sujetos obligados, un proceso que se realiza de manera digital a través del portal gub.uy.

El proceso de inscripción es solo el primer paso; la gestión del domicilio electrónico (Domel) es un aspecto crucial que requiere atención. Este trámite implica presentar formularios con información societaria y, en el caso de sociedades, una certificación notarial de representación. La complejidad de este proceso podría generar inconvenientes para aquellos que no estén familiarizados con la burocracia administrativa, lo que resalta la necesidad de que las entidades se pongan al día lo antes posible.

La Senaclaft ha llevado a cabo inspecciones en el pasado para asegurar el cumplimiento de estas normativas. Con la nueva lista de sujetos obligados ya en manos del BCU, se espera que el control sea más eficiente y riguroso. Esto podría tener implicaciones significativas para el sector no financiero, ya que las entidades que no cumplan con la normativa podrían enfrentar sanciones severas. Para los inversores, esto representa un cambio en el entorno regulatorio que podría afectar la forma en que operan las empresas en Uruguay.

A futuro, es crucial que las entidades afectadas se adapten rápidamente a estas nuevas regulaciones. Con el BCU y la Senaclaft trabajando en conjunto para implementar controles más estrictos, las empresas deben estar preparadas para cumplir con las exigencias de reporte. La fecha de implementación ya ha pasado, y cualquier retraso en la adaptación podría resultar en consecuencias legales y financieras. Además, el contexto regional en América Latina, donde otros países también están fortaleciendo sus normativas contra el lavado de activos, sugiere que este es un movimiento hacia un marco regulatorio más estricto en toda la región.