En México, la informalidad laboral se ha convertido en un fenómeno alarmante, con un 54.8% de la población ocupada, es decir, 33 millones de personas, trabajando en condiciones informales según datos del INEGI. Esta situación es aún más preocupante al considerar que la economía informal contribuyó solo con un 25.4% del PIB en 2024, lo que indica que más de la mitad de los trabajadores del país generan apenas una cuarta parte de la riqueza nacional. Este desbalance plantea serias interrogantes sobre la estructura económica y social del país, evidenciando un estancamiento productivo que ha persistido durante décadas.

El análisis del economista Santiago Levy revela que la informalidad no es un accidente estadístico, sino un síntoma de la ineficiencia estructural del sistema laboral mexicano. En su obra "Buenas intenciones, malos resultados" de 2008, Levy argumentó que la arquitectura institucional del país favorece la informalidad, ya que el empleo formal está gravado con contribuciones que encarecen la nómina. A su vez, el Estado proporciona beneficios a los trabajadores informales a través de programas no contributivos, lo que crea un incentivo para permanecer en la informalidad. Esta dinámica ha llevado a que más del 90% de los establecimientos en México sean informales, lo que limita el crecimiento y la productividad del país.

Desde 2005 hasta 2025, la productividad total de la economía ha caído en un 6.2%, a pesar de que la economía informal creció un 4.3% en términos reales en 2024, mientras que la formal apenas se expandió un 0.5%. Este fenómeno de "mala asignación" de recursos, donde el capital y el trabajo se concentran en unidades productivas pequeñas y poco eficientes, está impidiendo que las empresas formales crezcan y se expandan. Como resultado, la economía mexicana enfrenta un estancamiento en la productividad, salarios reales débiles y un crecimiento mediocre, lo que perpetúa la pobreza en el país.

La relación entre informalidad y pobreza es evidente, con estados como Chiapas y Oaxaca mostrando las tasas más altas de informalidad y, simultáneamente, los peores indicadores de pobreza laboral. El ingreso promedio de un trabajador informal es aproximadamente la mitad del que percibe un trabajador formal. Este círculo vicioso se ve reforzado por la baja recaudación fiscal, donde México, con más de la mitad de su fuerza laboral en la informalidad, recauda menos del 17% del PIB en impuestos, en contraste con países donde menos del 4% de la población trabaja en la informalidad, que recaudan más del 40% del PIB.

Levy propone una reforma sistémica que universalice la seguridad social y la financie a través de impuestos generales, desvinculando así la seguridad social del contrato laboral. Esta medida podría transformar la dinámica del mercado laboral, haciendo que la formalidad no sea un castigo y que la informalidad no esté subsidiada. Sin embargo, los recientes gobiernos han optado por aumentar las transferencias sociales y elevar el salario mínimo, medidas que, aunque benefician a corto plazo, no abordan las distorsiones estructurales del sistema. Mientras la economía informal siga representando el 25.4% del PIB, el crecimiento del 3% anual seguirá siendo una aspiración retórica y la pobreza, una realidad cotidiana para millones de mexicanos.