La comunidad universitaria de Argentina llevó a cabo una masiva marcha hacia Plaza de Mayo el pasado martes, exigiendo al gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada en agosto de 2025 pero aún no ha sido implementada. Esta manifestación se convierte en la cuarta de su tipo durante la gestión de Milei y se extendió más allá de la Ciudad de Buenos Aires, con protestas en al menos siete provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La marcha culminó con un acto frente a la Casa Rosada, donde se leyó un documento que solicitó la intervención de la Corte Suprema para que el gobierno cumpla con la ley.

Los organizadores de la protesta, que incluyeron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), denunciaron un deterioro significativo en el financiamiento de las universidades. Según sus estimaciones, las transferencias a las universidades nacionales han caído un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, lo que ha llevado a una reducción drástica de recursos para mantener el sistema educativo. Además, se alertó sobre la crisis en el sector, con renuncias masivas de docentes y un aumento del pluriempleo, lo que pone en riesgo la calidad educativa.

El contexto económico es preocupante, ya que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 alcanzó un 293,30%, mientras que los salarios solo aumentaron un 147,30%. Esto ha resultado en una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. La situación se agrava con el cierre de paritarias y el aumento de la presión sobre las obras sociales universitarias, lo que ha llevado a una crisis en la atención médica para los estudiantes y docentes. La falta de fondos también afecta a los hospitales universitarios, que podrían dejar de funcionar si no reciben los recursos necesarios.

Desde el gobierno, se argumenta que la aplicación de la ley de financiamiento implicaría un gasto adicional que podría comprometer el equilibrio fiscal del Estado. Funcionarios han señalado que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios al financiamiento universitario. Esta postura ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad educativa, que considera que la educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo del país.

La movilización de este martes no solo refleja el descontento con la situación actual, sino que también pone de manifiesto la creciente tensión entre el gobierno y la comunidad universitaria. La Corte Suprema ahora tiene la responsabilidad de decidir sobre la legalidad de las acciones del gobierno en relación con la ley de financiamiento. A medida que se aproxima la fecha límite para la presentación de recursos y la discusión judicial, es probable que la presión sobre el gobierno aumente, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro del financiamiento educativo en Argentina.