Las universidades públicas de Argentina se preparan para una nueva movilización el próximo 12 de mayo, en lo que se considera la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión de Javier Milei. Esta protesta se llevará a cabo en simultáneo en varias provincias, con un acto central en la Ciudad de Buenos Aires, donde se marchará hacia la emblemática Plaza de Mayo. La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes han denunciado una caída alarmante del financiamiento estatal.

Desde el CIN se ha informado que las transferencias de fondos a las universidades públicas han disminuido un 45,6% desde el año 2023, lo que ha generado una crisis presupuestaria sin precedentes. Esta reducción en el financiamiento ha impactado directamente en los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% del presupuesto universitario. Los gremios han advertido que la pérdida salarial acumulada en los últimos dos años ronda el 40%, lo que ha llevado a un descontento generalizado en el sector educativo. Además, se reclama la convocatoria a paritarias, ya que las actualizaciones salariales desde 2024 han sido definidas unilateralmente por el Ejecutivo, siendo consideradas insuficientes por los trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la aplicación de la Ley 27.795, que busca garantizar el financiamiento adecuado para las universidades. Esta ley fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo, luego de que un fallo judicial exigiera el cumplimiento inmediato de los artículos relacionados con la recomposición salarial y el refuerzo de becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno ha presentado un recurso extraordinario para suspender la aplicación de estos artículos, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de los sectores universitarios. En un comunicado conjunto, el CIN, el Frente Sindical y la FUA han expresado su frustración ante la falta de respuestas del Gobierno, a pesar de contar con un marco legal y un fallo judicial favorable.

La situación se complica aún más con el anuncio de un proyecto alternativo por parte del Gobierno, que no deroga la ley vigente, pero propone modificaciones que afectan puntos clave, especialmente en lo que respecta a los aumentos salariales. Mientras que la ley original contempla un aumento del 51% para docentes y no docentes, la propuesta del Ejecutivo ofrece solo un 12,3% en tres cuotas, lo que ha sido rechazado por las universidades. Este conflicto no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema educativo en su conjunto, que enfrenta un escenario límite.

Con la inflación proyectada en un 29% para este año, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la situación se torna crítica. La presión política y judicial sobre el Gobierno para que cumpla con la ley vigente se intensifica, y la movilización del 12 de mayo se perfila como un momento clave en la lucha por el financiamiento universitario. A medida que se acercan las fechas de la movilización, se prevén posibles paros en algunas universidades entre el 27 de abril y el 2 de mayo, lo que podría agravar aún más la situación en el sector educativo.

La perspectiva a futuro sugiere que, si el Gobierno no responde a las demandas de las universidades, el conflicto podría escalar, afectando no solo a los estudiantes y trabajadores del sector, sino también a la estabilidad del sistema educativo en Argentina. La movilización del 12 de mayo será un termómetro para medir la capacidad de respuesta del Gobierno ante un sector que se siente cada vez más desprotegido y que exige un cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario.