La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha convocado a una Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo a las 17 horas en Plaza de Mayo. Esta movilización busca exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios para docentes y no docentes, así como mayores partidas presupuestarias. La convocatoria cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, quienes han organizado movilizaciones en diversas ciudades del país, con la participación de estudiantes, docentes y personal no docente.

El reclamo central se basa en la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada por la Justicia. Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha ordenado la aplicación de los artículos relacionados con salarios y becas. Las universidades han planteado tres ejes fundamentales: financiamiento, ingresos del personal y funcionamiento del sistema educativo. Las autoridades académicas argumentan que los recursos actuales son insuficientes para cubrir gastos básicos y garantizar el desarrollo de clases y actividades.

Desde 2024, las actualizaciones salariales han sido determinadas por el Poder Ejecutivo, lo que ha generado descontento entre los gremios, que consideran estas decisiones insuficientes. En un comunicado conjunto, el CIN, la FUA y el Frente Sindical han expresado su frustración, señalando que a pesar de contar con una ley sancionada y un fallo judicial que ordena su aplicación, el Gobierno Nacional ha ignorado sus demandas. Los sindicatos han advertido sobre el deterioro de los ingresos, mencionando que muchos docentes y nodocentes perciben salarios muy bajos, mientras que los estudiantes enfrentan crecientes dificultades para cursar sus estudios debido a becas congeladas.

El Gobierno ha respondido cuestionando la movilización y sugiriendo que está vinculada a sectores opositores. Fuentes del oficialismo han afirmado que la marcha será una manifestación opositora y han minimizado su importancia. Además, desde la administración se ha indicado que el Presupuesto 2026 ya ha sido aprobado y que las universidades deben mejorar la gestión de sus recursos. Según estas fuentes, se argumenta que las universidades gastan en otras áreas y culpan al Gobierno por los salarios.

El conflicto se centra en la aplicación de la ley vigente y la propuesta alternativa del Gobierno, que contempla un aumento salarial del 12,3% en cuotas, muy por debajo de la recomposición salarial cercana al 51% que establece la normativa actual. El oficialismo ha manifestado que la discusión se resolverá cuando el Congreso trate una nueva ley de financiamiento universitario, manteniendo su postura frente al reclamo hasta que esto ocurra. En este contexto, el Gobierno también ha mencionado incrementos en gastos de funcionamiento y becas, aunque los gremios han rechazado estos datos, argumentando que no compensan la pérdida salarial ni el impacto de la inflación.

La situación actual en el sector educativo argentino refleja un descontento creciente que podría tener repercusiones en la estabilidad social y política del país. Los próximos días serán cruciales para observar cómo se desarrollan las movilizaciones y si el Gobierno decide tomar medidas concretas en respuesta a las demandas. La marcha del 12 de mayo será un termómetro para medir la capacidad de movilización de la comunidad educativa y la respuesta del Gobierno ante un reclamo que ha sido ignorado por demasiado tiempo.