Este 12 de mayo, la Plaza de Mayo en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una masiva movilización que reunió a estudiantes, docentes, investigadores y rectores de universidades nacionales, quienes exigen al Gobierno la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha, que se replicó en diversas provincias, se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios que han llevado a una caída del 29% en la ejecución real del gasto universitario entre 2023 y 2025, el nivel más bajo desde 2006. Este reclamo no es solo simbólico; se traduce en una lucha por la supervivencia de las instituciones educativas y la calidad de la enseñanza en el país.

Desde el mediodía, los manifestantes avanzaron hacia el centro de la ciudad con banderas y consignas en contra del ajuste. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Este evento se da en el contexto de una crisis educativa que ha visto cómo, en abril de 2024, una marcha similar logró reunir a cerca de 430.000 personas, lo que obligó al Gobierno a conceder un aumento del 270% en los gastos operativos universitarios. La diferencia entre el presupuesto solicitado por los rectores y el que ha propuesto el Gobierno para 2026 es significativa: se requieren $7,3 billones, mientras que el Ejecutivo solo ha asignado $4,8 billones.