La firma CPA Ferrere ha emitido un informe que advierte sobre los riesgos fiscales y de deuda que podrían surgir ante los cambios propuestos en el sistema previsional uruguayo. Este análisis se produce tras la divulgación del documento final del Diálogo Social sobre la Seguridad Social, donde el gobierno uruguayo ha comenzado una fase de evaluación técnica para implementar diversas iniciativas. Entre estas, se destaca la inclusión de políticas para combatir la pobreza y proteger la infancia, lo que implicará un aumento del gasto estructural a partir de 2027.

El informe de CPA Ferrere señala que este proceso genera una tensión entre la necesidad de implementar nuevas políticas sociales y la urgencia de mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Se espera que el próximo Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, que debe presentarse antes del 30 de junio, contemple estas iniciativas, aunque aún no se conocen las estimaciones de costo ni el mecanismo de financiamiento. Esta falta de claridad añade presión a un escenario fiscal que ya muestra fragilidades, con riesgos de incumplimiento de metas para 2026 debido a un crecimiento del PIB inferior al esperado.

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la propuesta de permitir un retiro anticipado a los 60 años, modificando la edad de jubilación establecida en 65 años por la reforma de 2023. Esta medida busca asegurar que los trabajadores de menores ingresos reciban una jubilación no inferior a la vigente antes de la Ley 20.130, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. CPA Ferrere advierte que la creación de esta causal de retiro anticipado podría generar un aumento del servicio de deuda del gobierno, estimado en unos 270 millones de dólares anuales, lo que requeriría un mayor superávit primario para estabilizar la deuda.

El rediseño del sistema previsional también incluye cambios en el régimen de ahorro individual, proponiendo que la gestión de las cuentas de los afiliados sea centralizada en un organismo público. Aunque el gobierno reconoce que existen fallos de mercado, se espera que las ganancias de eficiencia derivadas de estos cambios sean marginales en términos de comisiones y rentabilidad de los fondos. Sin embargo, CPA Ferrere advierte que cualquier cambio que afecte el funcionamiento del mercado de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) podría generar incertidumbre en los mercados internacionales de deuda, afectando el spread soberano y la liquidez de los títulos uruguayos.

Las decisiones que tome el gobierno sobre el sistema previsional serán cruciales para mitigar los riesgos mencionados. La comunicación de estas decisiones y sus fundamentos será clave para mantener la confianza de los inversores. Además, el espacio de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las AFAP se presenta como una señal positiva para el mercado, ya que los insumos que surjan de este ámbito serán relevantes para orientar las decisiones futuras del gobierno respecto a modificaciones en el régimen previsional. A medida que se acerque la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, será fundamental seguir de cerca las discusiones y los posibles impactos en el entorno fiscal y económico de Uruguay.